La policía detiene a 60 trabajadores ilegales en las obras de una urbanización de Oropesa

La policía desarticuló ayer una red de contratación ilegal de inmigrantes y detuvo al presunto cabecilla de la misma, una persona de nacionalidad portuguesa, por un posible delito contra el derecho de los trabajadores. Además, los agentes detuvieron a otras sesenta personas, después de identificar alrededor de trescientas, por infringir la ley de extranjería, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Todos ellos se encontraban en Oropesa y fueron localizados durante la inspección realizada en siete edificios en construcción, en el complejo Marina d'Or.

La policía llevaba meses investigando el funcionamiento de esta red que, según los primeros indicios, captaba trabajadores en Portugal y los desplazaba de forma ilegal hasta Oropesa, donde estaban empleados, también de forma ilegal, en la construcción. Los agentes sospecharon que el ciudadano portugués, que responde a las iniciales J. J. T.R., organizaba los desplazamientos después de prometer contratos legales y otras condiciones que, por lo general, no cumplía. La red estaba montada con un entramado societario, con lo que las contrataciones se realizaban mediante empresas interpuestas, aunque el ahora detenido aparecía siempre como la persona que materializaba los contratos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Éste había creado varias empresas a las que cambiaba el nombre con frecuencia, mientras que Rolarte Construcciones Do Marao era la firma encargada de desplazar a trabajadores desde Portugal hasta Oropesa.

La policía no descarta que la red operara en otras provincias. Mientras, los agentes han incoado el correspondiente y preceptivo expediente de expulsión a los sesenta ilegales entre los que se encuentran personas de varias nacionalidades, aunque predominan los rusos, ucranianos, brasileños y moldavos.

Fuentes del grupo Marina d'Or aseguraron ayer que todos los detenidos "pertenecen a una empresa contratista" que trabaja para Castellón 2000, una de las sociedades del grupo, por lo que la responsabilidad, según estas fuentes, no recae en Marina d'Or. Un comunicado remitido por el grupo señala que Construcciones Castellón 2000, S. A., "exige diligentemente cada mes, la demostración de altas en Seguridad Social, cotización a la Seguridad Social, autorizaciones de trabajo y de comunicación de traslado internacional" a la empresa para la que trabajaban los ilegales. En cualquier caso, los sesenta detenidos ayer carecían de autorizaciones y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, tal como constataron las autoridades portuguesas tras las gestiones realizadas por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Castellón, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón.