La Junta cree que las dos sentencias por agresión a docentes cordobeses son "un aviso a navegantes"

El Juzgado de Menores de Córdoba ha condenado a dos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Aljanadic del municipio de Posadas a realizar prestaciones sociales por agredir a dos de los docentes del centro. La Junta y el sindicato al que pertenecen los dos profesores, que sufrieron las agresiones en noviembre de 2004 y febrero de 2005, no creen que este instituto sea más conflictivo que el resto. Sin embargo, ven en las sentencias "un aviso a navegantes", según la Junta, y algo "ejemplarizante", según el Sindicato Independiente de Empleados Públicos.

A finales de noviembre de 2004, el claustro de profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Aljanadic se concentró a las puertas de este centro del municipio cordobés de Posadas. Protestaban por una agresión que había sufrido uno de sus compañeros por parte de un alumno de segundo de Secundaria. En febrero pasado, el Juzgado de Menores de Córdoba condenó al chico, que ya no estudia en el instituto de Posadas, a 75 horas de prestaciones en beneficio a la comunidad y a tres fines de semana "de permanencia en su domicilio" por la agresión. Se le acusaba de un "delito de atentado y una falta de lesiones". La defensa recurrió, pero la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba rechazó el recurso y ratificó la condena hace una semana.

La semana pasada se hizo pública otra sentencia, también del Juzgado de Menores de Córdoba, en la que se condenaba a otro alumno del mismo IES de Posadas a 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad por haber agredido a otra docente en febrero de 2005. El alumno pilló los dedos a la docente con la puerta del aula.

Tanto la Junta de Andalucía como la dirección del centro y el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (que ha sido el que ha difundido las dos sentencias) descartan que este instituto sea diferente al del resto de la región. "Se trata de una casualidad, no es que sea un centro especialmente conflictivo", afirma José Antonio Torres, secretario general del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP).

Docentes concienciados

"No es que el centro sea un caos", afirma Dolores Alonso, delegada provincial de la Consejería de Educación: "Lo que ocurre es que el claustro, después de la primera agresión, tomó conciencia de que estamos en un estado de derecho y no se puede agredir a alguien impunemente".

Según Alonso, las dos sentencias son "un aviso para navegantes para las familias, los alumnos, los profesores...". Para el SIEP también se trata de unas resoluciones históricas, y no sólo porque hasta febrero de este año no tenían constancia de condenas a alumnos por agredir a profesores en la provincia.

La sentencia más interesante, según Torres, es la primera, en la que el docente se presentó como acusación particular (en el segundo caso la Justicia actuó de oficio tras un parte de lesiones sin que hubiera denuncia por parte de la profesora). El Juzgado de Menores no se limitó en el primer caso a condenar al alumno. El magistrado también reflexionó sobre lo que tiene derecho a hacer un docente en sus clases: "La Ley posibilita que se ejecute la orden por la fuerza, empleando para ello lo indispensable", afirma el magistrado.

Según el juez, no hubo "extralimitación alguna en la actuación del profesor", que agarró al chico por el brazo para intentar que saliera del aula, tras lo que el alumno le golpeó en el pecho. Antes de agarrarlo, el docente dijo al chico que abandonara el aula. Según la sentencia, el alumno respondió que "que no se iba 'porque no le salía de la polla".

El magistrado considera que "el menor está sujeto a la obediencia o disciplina del profesor que imparte las clases en cada momento (...) por lo que está obligado a salir de clase" si lo ordena el docente.

Los sindicalistas ven en esta reflexión del juez un espaldarazo de sus reivindicaciones: "En muchos casos, por ejemplo, el profesor no separa a unos chicos que se pelean en un recreo porque puede convertirse en el agresor", afirma Torres. "Sin embargo, en la sentencia se deja claro que el docente, además de realizar sus funciones académicas, tiene que mantener el orden".

Para la delegada de Educación las sentencias sirven para que se tome conciencia de que "la falta de respeto no se puede seguir manteniendo en los colegios (...) Los chicos confunden la familiaridad en el trato con la falta de respeto".

Sin embargo, ¿estas dos condenas podrían contribuir a judicializar la vida interna de los centros escolares? Alonso explica que los institutos tienen sus órganos internos de disciplina que analizan e imponen sanciones tras las agresiones, como ocurrió en los dos casos que han llegado hasta la Justicia en Córdoba. "Es cierto que puede existir cierto temor a que la Justicia trascienda a la vida docente", afirma Alonso. "Sin embargo, confío en la profesionalidad de los docentes en el uso de los recursos de la Justicia", dice la delegada de Educación.

Por su parte, Torres sostiene que "la mayoría de los casos de agresión, que son muchos más de los que aparecen en los medios, se resuelven dentro del sistema y esto debe seguir así". Sin embargo, el responsable del SIEP sostiene que con este tipo de sentencias pueden ser "ejemplarizantes" y contribuyen a que "se tome conciencia del problema". "Necesitamos la colaboración de todos", afirma Torres, quien sostiene que el verdadero debate en su organización fue si se debían o no hacer públicas las sentencias: "Primero por la reticencias que suelen poner los profesores y segundo por el sensacionalismo". Pero, al final, decidieron difundirlas porque esperan que "la sociedad se conciencie del problema a través de estas decisiones de los tribunales".