¿Adónde nos quieren llevar?

El autogobierno vasco se sustenta, en este último periodo de nuestra historia, sobre dos pilares fundamentales: El Estatuto de Gernika y el Concierto Económico. No son dos inventos políticos surgidos en la transición democrática. Son dos instituciones actualizadas tras el túnel franquista. Ambos están sólidamente enraizados en la sociedad vasca y en la memoria histórica de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y fueron refrendados de forma democrática en una consulta.

En los últimos días, dos resoluciones judiciales han vuelto a poner de actualidad y en evidencia las deslealtades, todavía hoy consentidas, que desde el golpe de Estado del 23-F y los pactos autonómicos (LOAPA) suscritos por PP y PSOE se han tenido tanto con el Estatuto como con el Concierto. La deslealtad y el incumplimiento que se ha tenido y se tiene con la decisión democrática que la sociedad vasca manifestó hace más de 25 años.

Los tribunales han cercenado el autogobierno vasco y, por tanto, lo que el Estatuto dice al establecer que no podemos regular cómo y de qué manera deben circular los camiones durante el fin de semana. Los tribunales han cercenado el Concierto Económico al establecer que nuestra única capacidad de tomar decisiones se limita a copiar las que adopte el Gobierno de Madrid. Son sólo dos ejemplos actuales, entre otros muchos más, de que se pretende convertir en decorativo el derecho del Pueblo Vasco a autogobernarse.

El ejercicio democrático del autogobierno implica tomar decisiones con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos, fomentar el crecimiento económico, el empleo, la cohesión social, la educación, la innovación y la investigación, la cultura... Estas decisiones pueden ser avanzadas o tímidas, mejores, peores o, incluso, criticables. Todo ello está al servicio del debate político y democrático y del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Lo que está fuera del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas es anular los pronunciamientos democráticos de la ciudadanía e incumplir sus decisiones convirtiendo el Estatuto o el Concierto en elementos decorativos vaciados de contenido.

Ha habido y hay una deslealtad manifiesta entre determinados partidos que en Euskadi defienden el autogobierno, pero que permiten -prefiero pensar que no animan- que otros gobiernos autonómicos judicialicen el autogobierno que por derecho tiene y le corresponde a este país.

Si a las instituciones democráticas de este país no se nos permite que tomemos decisiones, ejerciendo nuestro autogobierno, para regular el tráfico o para establecer cómo deseamos que sea nuestra fiscalidad, por seguir con estos ejemplos actuales, ¿para qué sirven entonces el Estatuto y el Concierto? Vaciados de contenido, queda exclusivamente para el papel que Euskadi tiene competencias plenas sobre el tráfico o sobre su régimen económico y fiscal.

¿Qué nos están queriendo decir? ¿Qué camino o qué alternativa nos dejan quienes se "cepillan" el autogobierno por razonamientos tan profundos como que no podemos decidir otra cosa diferente a la que decida el Estado? ¿Acaso hemos de interpretar que para poder tomar decisiones hemos de ser un Estado y que si no lo somos no tenemos derechos ni autogobierno? ¿Es este un ejemplo palmario de que vivimos juntos y decidimos juntos? ¿A dónde nos quieren llevar?

No tengo absolutamente nada en contra de comunidades como Cantabria o Castilla y León, gobiernos activos en recurrir decisiones de las instituciones vascas ante los tribunales. Son los partidos que tienen responsabilidad en ellas, y que también las tienen en Madrid y cuentan con representación en Euskadi, quienes deben explicar a los ciudadanos las posiciones políticas que mantienen diciendo sí en un lugar para decir no en el contiguo. ¿Dónde están los que todos los días afirman defender el Estatuto? Ni tengo prejuicio alguno respecto a la Administración de Justicia. Pero se está consintiendo una interpretación re-nacionalizadora española del derecho al autogobierno que tiene el País Vasco. Las tendencias re-nacionalizadoras no son nuevas en Europa: lo saben bien en Bruselas y lo saben bien los responsables de la Comisión. Lo saben bien el Comisario de la Fiscalidad, que comprueba con desespero cómo han fracasado todos los intentos de armonizar la fiscalidad en Europa. Si la fiscalidad vasca introduce un elemento restrictivo en el mercado europeo y es un factor de discriminación, todos y cada uno de los sistemas tributarios de los países de la zona euro están en las mismas condiciones.

Hace ya años escribí un artículo, siendo vicelehendakari, que se titulaba Instituciones flotantes. Me refería con ello a que los ataques que el autogobierno vasco recibía estaban convirtiendo en flotantes a sus instituciones. Es decir, a la deriva del interés particular y político de cada momento. Y las instituciones democráticas no pueden ser flotantes. No lo son las del Estado, ¿por qué han de serlo las del País Vasco? Repito e invito a todos, agentes políticos y sociales, a la propia sociedad, a hacer una reflexión: ¿Qué nos quieren decir y adónde nos quieren llevar?