Brasil y Bolivia comienzan a negociar sobre el precio del gas tras el decreto de nacionalización

Bolivia y Brasil comenzaron ayer negociaciones, que se adelantan difíciles, para poner en práctica la nacionalización de los hidrocarburos, que el Gobierno de Evo Morales decidió el 1 de mayo. "Las negociaciones serán de Gobierno a Gobierno", insistió el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, horas antes de recibir al ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, y al presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli.

Soliz señaló que las empresas petroleras -la boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su socia brasileña Petrobras- serán informadas y recibirán instrucciones tras los acuerdos políticos a los que lleguen las autoridades de ambos países.

Rondeau y Gabrielli llegaron a Santa Cruz procedentes de Caracas, donde expresaron al Gobierno de Hugo Chávez el sentimiento de incomodidad ante la injerencia de Venezuela en los negocios petroleros de Bolivia y Brasil.

En Bolivia, el asunto esencial que van a discutir las autoridades brasileñas con las bolivianas es el precio del gas. El presidente de la compañía pública brasileña de hidrocarburos advirtió de que Petrobras acudirá a los tribunales internacionales si Bolivia insiste en incrementar el precio del gas que vende a Brasil. También indicó Gabrielli que Petrobras quiere una compensación por la nacionalización.

A diferencia del presidente de Petrobras, las autoridades brasileñas muestran una cara más conciliadora. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha indicado que, aunque no espera que el precio del gas se incremente, Petrobras puede absorber un posible aumento.

El ministro de Exteriores brasileño, Celso Amorim, indicó esta semana que "las conversaciones [entre ambos países] tienen que estar marcadas en primer lugar por la racionalidad". "El Gobierno brasileño optó por el diálogo, porque lo peor que puede pasar es una radicalización: si radicalizamos, la racionalidad puede desaparecer".

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hizo pública ayer en Madrid una declaración en la que acusa al Gobierno boliviano de acometer, con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, una "grave violación del principio de seguridad jurídica que exige cualquier proceso de inversión".