Cultura sostiene que si las vigas de la mezquita se venden debería comprarlas la Iglesia

El Ministerio de Cultura cree que es la Iglesia católica española quien debería hacerse cargo de la compra de las cinco vigas de la mezquita de Córdoba que la empresa británica Christie's tenía previsto subastar en Londres, si finalmente se venden. El subsecretario de este departamento, Antonio Hidalgo, señaló ayer, en la Comisión de Cultura del Congreso, que la Iglesia "es la titular de la mezquita de Córdoba y, en primer término, es la que está obligada a actuar para recuperarlas". "Sería inaceptable que el Estado español interviniese", insistió.

Hidalgo cree que es precipitado plantear ahora una solución definitiva, porque la policía está investigando cuándo y cómo salieron esas piezas de España para comprobar si hubo alguna ilegalidad. El caso está en manos del juzgado número 2 de Córdoba, donde se ha personado la Administración española.

Si se demuestra que las vigas fueron exportadas irregularmente, la actuación de Cultura sería muy distinta, según explicó Hidalgo. El ministerioconfía en que se pueda probar la ilegalidad, aunque aún es pronto para determinarlo. El pasado 3 de abril la empresa británica suspendió la subasta de las vigas.

El Cabildo catedralicio, responsable de la mezquita, continúa con sus contactos con la casa londinense Christie's. Según informaron ayer fuentes de esta institución religiosa, "de momento, no hay grandes novedades".

"Si se demuestra que somos los legítimos propietarios seguiremos reclamando las vigas", afirmaron ayer fuentes del Cabildo. Sin embargo, estas mismas fuentes no aclararon si estarían dispuestos a comprar las piezas si se determina que pueden ser vendidas: "Lo cierto es que tenemos 179 más", se limitaron a comentar.

Si finalmente el propietario de las cinco piezas, del que sólo se sabe que es un coleccionista europeo, consigue demostrar que la salida fue legal, se abriría un abanico de posibilidades. Según explicó el Cabildo, esta institución religiosa se ha comprometido con la casa de subastas a indemnizar al propietario si se demuestra que puede sacarlas a la venta legalmente.

También ayer se trató en la Comisión de Cultura el asunto de las 130 cartas de Miguel de Unamuno cuya subasta, esta vez en España, fue suspendida en marzo por orden del ministerio, que declaró los manuscritos inexportables. Hidalgo prometió oficialmente en el Congreso que esos manuscritos "no saldrán en ningún caso de España". Manuel Villán, dueño de los documentos, reclama su propiedad como un regalo de la hija del escritor, Felisa, en 1969. Cultura asegura que en 1967 el Estado compró todos los documentos conocidos entonces del intelectual vasco y estipuló en el contrato que se quedaría con cualquiera que apareciera en el futuro. El abogado del Estado ha puesto el asunto en manos de los juzgados de Córdoba.