Repsol YPF califica de "injusto" el decreto boliviano y reclama seguridad jurídica

La petrolera hispano-argentina Repsol YPF reclamó ayer seguridad jurídica para sus contratos en Bolivia. El presidente de la compañía, Antoni Brufau, afirmó que "Bolivia no debe quedar al margen del sistema político internacional". Repsol YPF esperará a conocer el significado preciso del decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos anunciado el pasado lunes antes de tomar decisiones. No obstante, los mercados interpretan que el impacto económico de la medida será limitado y apuestan por una solución negociada entre el Gobierno de Evo Morales y las empresas extranjeras.

El presidente de Repsol YPF, que se encuentra en Buenos Aires, se mostró, en declaraciones hechas a medios argentinos, "consternado" por la decisión tomada por el Gobierno de Evo Morales, una medida "injusta" que no respetó el "tiempo de negociación" prometido por las autoridades bolivianas. Antoni Brufau, en comunicado difundido por la empresa, subrayó que la medida "está fuera de la norma y lógica empresarial que debe guiar las relaciones entre empresas y Estados", aseguró.

No obstante, en referencia a los 180 días que prevé el decreto de nacionalización para que las empresas extranjeras se adapten a las nuevas reglas del juego -so pena de verse obligadas a abandonar el país- recalcó su disposición a llegar a un acuerdo. "Todavía hay tiempo y espero que en esos 180 días seamos capaces de ponerle inteligencia todos, unos y otros", dijo Brufau. "En la situación presente resulta imperativo estudiar en profundidad el decreto, analizar en detalle sus consecuencias y aprovechar el plazo de 180 días, establecido por el Gobierno, para alcanzar acuerdos de racionalidad económica para ambas partes", añadió.

De no ser así, la disputa podría acabar en una instancia internacional de conciliación, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. A él recurrieron Telefónica, Gas Natural -filial de Repsol YPF- y Endesa contra el Gobierno argentino. Con todo, la petrolera señaló que "no realizará una valoración definitiva [del decreto] hasta conocer todo su alcance y consecuencias", y que sus servicios jurídicos analizan las implicaciones "referidas a la seguridad jurídica, a las garantías de las inversiones y a la continuidad de las actividades antes de tomar decisión alguna". En todo caso, la compañía "arbitrará todas las acciones a su alcance para proteger los activos para preservar el empleo".

Repsol YPF genera 300 empleos directos y 3.000 indirectos en Bolivia y ha invertido 1.080 millones de euros desde 1997, lo que la convierte en la segunda compañía de hidrocarburos en el país, tras la brasileña Petrobras. Opera a través de Andina, cuyo capital controla en el 50%. Bolivia representa el 18% de las reservas totales de Repsol YPF, el 11% de su producción, el 3% de su resultado operativo (6.161 millones de euros en 2006) y el 1% de su beneficio neto (3.120 millones de euros el año pasado). Los mercados, sin embargo, no están mostrando una excesiva alarma. Las acciones de Repsol YPF, llegaron a caer más de un 3% en la sesión, pero cerraron la jornada con una pérdida de tan sólo 0,63%. En Brasil, Petrobras subía un 2,72%.

Esa moderada reacción parece indicar que las consecuencias económicas serán menores que el sobresalto político que ha provocado en las cancillerías. El subsuelo boliviano alberga las segundas mayores reservas de gas natural de Suramérica tras las venezolanas, pero ni tan siquiera se cuentan entre los 20 mayores depósitos de gas del mundo. Además, Bolivia, exporta casi la totalidad de su producción diaria a Brasil. Según los analistas, Morales es el primer interesado en llegar a un acuerdo con las empresas extranjeras porque la compañía estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no podría hacerse cargo de la producción y comercialización. "Bolivia necesita la tecnología, los recursos humanos y el capital de las empresas extranjeras", explica Francisco Blanch, de Merrill Lynch.