Fernando no estaba en su tumba

El cineasta chileno Silvio Caoizzi registró con su cámara uno de los documentales más estremecedores sobre la dictadura de Pinochet: la identificación y entrega a sus parientes de los restos de Fernando Olivares, un funcionario de la ONU asesinado por la dictadura, que estuvo años desaparecido. Junto al esqueleto de la víctima, cuyos restos fueron exhumados en democracia de una tumba sin nombre en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, funcionarios del Servicio Médico Legal (SML, morgue), explican su certeza de que los huesos eran de la víctima. Fernando ha vuelto, se titula el documental.

Miguel Olivares, hermano de Fernando, es uno de los familiares filmados. "Creíamos que Fernando había vuelto, pero todavía no", dice. Hoy sabe, igual que otras 47 familias de víctimas de Pinochet, que los restos de sus parientes fueron mal identificados. En otros 37 casos no existe certeza de la identidad. Los errores han desatado una tormenta política y una cacería en busca de responsables. "Esto es inimaginable, maquiavélico: es la búsqueda eterna de Fernando. Todavía no nos recuperamos del mazazo", dicen Miguel y su hermano Jorge.

El domingo pasado, aun sabiendo que no era su hermano el que estaba sepultado, fueron a dejar flores. "Si no es Fernando, es un compañero de lucha, que luchó y murió por lo mismo. Puede ser el marido de Sola Sierra (fallecida ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD) o el padre de Viviana Díaz (dirigente de esta agrupación). Quien sea, lo vamos a cobijar hasta que sea identificado", sostiene Miguel. A la madre de Fernando no le han contado que el hijo que creía haber encontrado sigue todavía sin aparecer. "No lo resistiría", afirma Miguel.

Los parientes de los detenidos desaparecidos pasaron del estupor al llanto e indignación cuando supieron de los errores, que reconoció el director del SML, Óscar Vargas. "Que vaya a la iglesia y pida perdón, que no lo haga a mí o a las familias de las víctimas", afirmó la abogada Pamela Pereira, hija de un desaparecido.

Poco después del golpe de septiembre de 1973, los militares arrojaron 126 cuerpos de asesinados y torturados en el Patio 29 del mayor cementerio de Santiago, en 107 tumbas anónimas en el suelo, que durante años tuvieron la leyenda "N. N.". Burlándose de las víctimas cuando los cuerpos fueron exhumados, Pinochet dijo que "por economía" sepultaron dos y tres por ataúd. Sólo con la democracia, en 1990, una investigación judicial ordenó la exhumación e identificación de los cuerpos.

El proceso tardó años y parecía terminado. En 1994, un informe de la Universidad de Glasgow, a petición del SML, cuestionó los procedimientos de identificación, sin tecnología de ADN y con reconocimiento a través de puntos faciales superpuestos sobre los huesos, además de dentadura y ropa. A la familia de Olivares le extrañó que el SML no entregara el historial de identificación de Fernando. A pesar del empeño de los parientes, la transición a la democracia seguía su lento camino, con Pinochet al mando del Ejército hasta 1998. En 2002, Pereira denunció a la Corte Suprema las irregularidades, entre ellas el ocultamiento del informe de Glasgow, y ésta las confirmó un año después, aunque no encontró delito. El juez Sergio Muñoz ordenó exhumar los cuerpos sobre los que hay dudas, y otro juez determinará cómo identificar los restos.

La respuesta del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) fue aumentar los fondos del SML. Los familiares le reprochan que no cambiara los directivos del SML y tomara medidas drásticas. La presidenta Michelle Bachelet -hija de una víctima de la dictadura y torturada ella misma- partió por reconocer el problema, asegurar nuevos recursos hasta identificar los cuerpos, nombrar una representante suya ante los familiares, y ya se ha reunido con dirigentes de la AFDD. La Cámara de Diputados formará una comisión de investigación la próxima semana y no es descartable que cite a ex ministros y ex presidentes.

Hasta la derecha, olvidando su participación en la dictadura, se sumó a las críticas, hasta el punto de que Bachelet pidió "no perder el Norte". Recordó que el drama es "herencia de una dictadura donde hubo tortura, ocultamiento de la información y atropello de los derechos humanos", y sostuvo que no se debe presuponer que alguien actuó de mala fe o para ocultar la verdad.

Luz Castro dice sentirse burlada y con rabia porque ha revivido el drama de su padre, José Castro, un dirigente campesino al que militares y civiles -todavía impunes- detuvieron en su casa después del golpe, en Paine, y desde entonces desaparecido. Ella se hizo cargo de sus 12 hermanos. En diciembre de 1994, las autoridades democráticas devolvieron identificados los restos de José. "Íbamos a ponerle flores para su cumpleaños, santo y el día del papá. Ya que me habían entregado sus huesos, debían haberlo dejado tal cual. Lo habría preferido a un nicho vacío. Esto ha sido como una segunda muerte", cuenta Luz. A diferencia de Castro, Miguel Olivares prefiere "la verdad, aunque duela".