Los empresarios dicen que la "sobrerregulación" del empleo va contra la competitividad y agrava la inflación

La patronal Fomento del Trabajo denunció ayer que la "sobrerregulación" del empleo que, a su juicio, hay en España, y que se agrava en Cataluña, genera enormes costes a la empresa y es uno de los motivos del diferencial de inflación (aumento de precios) respecto al resto de Europa.

Para ilustrar su queja, la organización empresarial exhibió sobre una mesa todas las leyes y decretos aprobados el año pasado por las diferentes administraciones españolas: 1.672 nuevas normas recogidas en unos 17 volúmenes. En total, en España hay 20.862 normas en vigor, sin contar las normativas europeas.

"Adaptarse a estas normas supone muchos costes para las empresas: asesores en recursos humanos, en medio ambiente, auditorías", destacó ayer el director ejecutivo de Fomento, Joaquín Trigo.

Además, las empresas catalanas afrontan más regulación que el resto, según Trigo, ya que Cataluña suele ser "pionera en muchas normativas". El nuevo Estatuto catalán, que los empresarios han calificado de intervencionista más de una vez, "no aumentará el volumen de leyes porque es imposible que haya más", dijo el director de Fomento.

La creación de una empresa, por ejemplo, supone un 60,4% más de cargas administrativas que el resto de países miembros de la OCDE. La situación ha mejorado respecto a 1998 y la tendencia a la simplificación legislativa en España "es clara", según Trigo, pero los empresarios creen que queda mucho camino por recorrer.

La reducción de normas, que imprescindiblemente pasa por la eliminación de leyes y decretos, se topa a menudo con la oposición de los "burócratas activistas" y con los intereses creados en su entorno: alrededor de una ley se mueven el equipo que la ha diseñado, los abogados que se han especializado en ellas, las administraciones que las aplican y las agencias que hacen el seguimiento de las mismas.

"Antes de regular hay que pensar muy bien si es necesario y, además, asegurarse de que su utilidad justifica el coste económico". En este sentido, la patronal también propone que las agencias públicas sean sometidas a auditorías para demostrar su eficiencia y se elimine aquellas cuya existencia no sea justificada.