El Gobierno palestino busca financiación sin el apoyo de Abbas

El Gobierno palestino, encabezado por el movimiento integrista Hamás, no da abasto ante tanto frente abierto. Ante unas arcas cada vez más vacías, una crisis galopante y 140.000 funcionarios cada vez más impacientes por cobrar sus sueldos, el primer ministro, Ismail Haniya, sigue su campaña en búsqueda de donaciones en los países árabes, después de que EE UU y la UE cortaran las ayudas a su Gobierno mientras no reconozca a Israel y renuncie a la violencia.

Haniya presidió ayer en Gaza una reunión de urgencia con los dirigentes de todas las organizaciones para tratar lo que llamó "terrible catástrofe humanitaria" que se vive en la franja de Gaza. Un encuentro que tuvo una ausencia destacada, el movimiento Al Fatah, que lidera el presidente palestino, Mahmud Abbas, y que es un reflejo de la difícil coexistencia entre presidencia y Gobierno.

De hecho, ayer se vivió un nuevo capítulo en la lucha interna palestina. Tras las feroces críticas de Haniya, el rais ha rectificado la decisión de transferir a su poder todos los pasos fronterizos, incluido el de Rafah (entre Egipto y franja de Gaza). De esta forma, este estratégico punto seguirá bajo la autoridad del Ministerio del Interior y no de las fuerzas de seguridad presidenciales. Hamás había acusado a Abbas de "vaciar de poder y autoridad al Gobierno electo y de colaborar con elementos extranjeros para provocar nuestra caída".

Mientras tanto, la 17ª legislatura del Parlamento israelí (Kneset) inicia hoy su camino en medio de la primera crisis en las negociaciones para la formación de Gobierno. Un total de 120 diputados juran sus cargos y serán los encargados de aprobar el nuevo Ejecutivo que intenta hilvanar Ehud Olmert, actual primer ministro y líder de Kadima, que con 29 escaños es la primera fuerza política.

Olmert desea solventar rápidamente las divergencias con el que será su principal socio, el Partido Laborista. Su dirigente, el sindicalista Amir Peretz, reiteró ayer que mantendrá su exigencia de subir el salario mínimo a 1.000 dólares. Esta petición, el reparto de ministerios y las dudas sobre el plan de retirada de Cisjordania retrasarán la formación del Gobierno, pero no impedirán la alianza.