Una juez ordena el cierre temporal de un bar por exceso de ruido

La juez de Instrucción número 2 de Navalcarnero ha dictado un auto en el que decreta como medida cautelar el cierre del bar de copas El Destino, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, por superar los límites de ruido fijados por la legislación.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil precintaron el martes pasado el local, situado en el número 4 de la carretera de Ávila. Según fuentes del instituto armado, es el primer local que el Seprona cierra en Madrid por exceso de ruido.

El bar, regentado por un policía local, su novia y dos hermanos de ésta, abrió en julio de 2004 sin licencia y funcionó así durante ocho meses, aseguró Alberto García Muñoz, abogado de los demandantes. Entretanto, los vecinos, hartos de soportar el ruido del bar y de que el Ayuntamiento de San Martín desoyera sus quejas, pidieron al Seprona que hiciera mediciones para determinar si el ruido que generaba el bar era excesivo, lo cual fue confirmado por los agentes en enero de 2005. Tres meses después, el Consistorio dio la licencia de apertura al local, de unos 300 metros cuadrados, pero seguía emitiendo un ruido "insoportable" para los vecinos a pesar de las obras de insonorización acometidas, por lo que volvieron a pedir al Seprona que hiciera dos mediciones más. Ambas reflejaron que el bar sobrepasaba los límites de ruido establecidos.

Dos de los vecinos afectados denunciaron el caso y el letrado García Muñoz solicitó el precinto cautelar del local en octubre de 2005, a tenor de las dos mediciones hechas por el Seprona con posterioridad a la licencia de apertura y de varios partes médicos de vecinos que estaban en tratamiento por crisis de ansiedad motivadas por los ruidos.

Las diligencias previas comenzaron con cinco imputados: los cuatro dueños y José Luis García Sánchez, alcalde de San Martín de Valdeiglesias y diputado del PSOE en la Asamblea. A éstos hay que añadir ahora al primer teniente de alcalde, Valentín Gómez, también imputado al alegar el regidor que era éste el responsable de las licencias. Según el abogado, ambos están imputados por cinco supuestos delitos: contra el medio ambiente; prevaricación; omisión del deber de perseguir delitos; tráfico de influencias e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.