Los partidos abogan por auditar las cuentas antes de afrontar la deuda

Una vez consolidada la gestora que regirá Marbella, sus miembros se enfrentarán al vértigo financiero. Las arcas municipales atraviesan una situación cercana a la quiebra técnica, y remontar la herencia de 15 años de gilismo no parece fácil. A pesar de la lógica cautela, los partidos apuntan a una decidida inversión del Estado y la Junta como primer paso para comenzar a superar una deuda que ronda, a la espera de una auditoría, los 250 millones.

"Estamos ante unas arcas esquilmadas. Es necesario un trabajo fino de diagnóstico, pero como cualquier empresa, la economía municipal es recuperable con austeridad". El presidente de la Diputación malagueña, Salvador Pendón, que dirige la formación de la comisión gestora, cree que existe la "terapia adecuada" para Marbella. El consistorio, con un presupuesto anual de 180 millones, mantiene una plantilla que supera los 3.200 empleados, y más del 80% del presupuesto mensual se destina a las nóminas. El pago se efectúa gracias a un adelanto de seis millones de euros por parte del Patronato Provincial de Recaudación.

La primera medida para conseguir la radiografía económica de unas arcas casi vacías será una auditoría que fije las cuentas reales, pero también un inventario de los bienes municipales, sin actualizar desde 1991. "A partir de la auditoría, necesitamos un plan de amortización de saneamiento para refinanciar la deuda con la Seguridad Social, el desbloqueo de las transferencias del Estado y un plan riguroso para la contención del gasto", exige Francisca Caracuel, portavoz adjunta del PP en funciones.

No sobran jardineros

El consistorio adeuda a la Seguridad Social 170 millones de euros y unos 28 millones al Ministerio de Hacienda, pero los números rojos también atañen al Banco de Crédito Local, a la que adeuda más de 50 millones, al Patronato Provincial de Recaudación (22 millones) y a la Mancomunidad de Municipios (7,7 millones). "Las deudas se han multiplicado exponencialmente y desde hace más de una década no se realiza una auditoría", denuncia el socialista Silvestre Puertas. La retirada de las competencias urbanísticas por parte de la Junta hará perder al consistorio su principal fuente de ingresos.

La lista de acreedores va en aumento, pero pese al cese de los concejales y sus 45 cargos de confianza, los sueldos boyantes abundan: 86 empleados cobran un salario superior a los 3.000 euros al mes. "Sobran altos cargos, no pintores o jardineros", opina Pedro Pérez, secretario general del PA en Málaga. "Es el momento de desbloquear ciertos fondos europeos ya aprobados, y de que las administraciones públicas inviertan todo el dinero que no ha venido en 15 años", añade.

Para IU es imprescindible clarificar las cuentas con ayuda de un cuerpo funcionarial del Estado. "Marbella va a necesitar mucho apoyo de las administraciones para arreglar los problemas y tirar de la manta hasta el final", resume José Antonio Castro, coordinador de IU. Castro aboga por la personación de los partidos para lograr la devolución al ayuntamiento de los bienes incautados, pero también pide paciencia: "Estamos ante un proceso que da escalofríos, pero sobre todo muy largo".