Muchas cuentas pendientes con la Justicia

La decisión del Consejo de Ministros de disolver el Ayuntamiento de Marbella ha sido casi fulminante tras el estallido de la Operación Malaya, el más grande escándalo de corrupción política destapado hasta ahora en España, que ya tenía tras de si un buen cúmulo de causas y procedimientos judiciales, tan largo como los 15 años de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) en la ciudad. Los tres alcaldes y la inmensa mayoría de los ediles gilistas que el pueblo de Marbella eligió en cuatro ocasiones dejan muchas cuentas pendientes con la justicia, no menos de 60 procesos, principalmente por delitos urbanísticos (más de 40) y por el saqueo de las arcas municipales, la inmensa mayoría de ellos aún en fase de instrucción de los sumarios.

Según los informes del Tribunal de Cuentas, los gobiernos del GIL dejaron de justificar unos 90 millones de euros. Por las irregularidades detectadas por este organismo existen dos procedimientos penales en marcha, casos saqueo 2 y Monteverde, y 13 procedimientos por alcance contable vivos.

En algunos de ellos está inmerso Juan Antonio Roca, el gerente de Urbanismo que nombró Jesús Gil a quien el juez considera cerebro de la trama de corrupción. Roca está acusado de presuntos delitos de malversación y contra la Hacienda Pública en el denominado caso saqueo junto a otros seis ex colaboradores de Gil por el desvío de 36 millones de euros de dinero municipal mediante facturas falsas de una serie de sociedades, algunas de las cuales figuraban a nombre de su madre. El fiscal pide para él 10 años de prisión. También aparece inmerso en otro de los asuntos pendientes de juicio, el caso Belmonsa, acusado de presuntos delitos urbanísticos y de tráfico de influencias en la concesión de una licencia para un edificio de 12 plantas en primera línea de playa sobre una parcela que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debía ser para zona verde.

La Justicia, a la que se le reprocha haber actuado muy tarde en Marbella, acabó con la trayectoria política de Jesús Gil, condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 28 años de inhabilitación en el caso camisetas por el patrocinio del consistorio al Atlético de Madrid, club que el alcalde también presidía, y otros clubes deportivos sin que mediaraningún contrato de por medio. Gil tuvo que dimitir del cargo en mayo de 2002, pero sus herederos aún tendrán que hacer frente a las responsabilidades del ex alcalde ya fallecido puesto que en algunos de los casos instruidos se les pide que respondan solidariamente por el daño causado a las arcas municipales. Jesús Gil logró salir absuelto en el caso caballos, por el patrocinio a un jinete, y salió también indemne de la investigación por el pago a un escultor ruso de una escultura que supuestamente fue donada a la ciudad de Marbella por el Ayuntamiento de Moscú y que finalmente fue archivado.

Quien acumula más procedimientos es su sucesor en el cargo, Julián Muñoz, que pese a haber ostentado la alcaldía apenas 15 meses (mayo de 2002 a agosto de 2003), se ve como principal imputado en la mayoría de los casos instruidos por delito urbanístico, ya que Gil le tuvo delegada desde 1998 en él la presidencia de la comisión municipal de gobierno. Después de ser derrocado en una moción de censura, Muñoz tuvo que dimitir de concejal y de diputado provincial al ser inhabilitado por una causa civil, el impedimento de derechos por negarse a entregar a la oposición los informes del Tribunal de Cuentas.

Meses después de dejar la alcaldía, en marzo de 2005, Julián Muñoz fue condenado a seis meses de prisión junto a otros siete concejales por haber concedido en 1998 una licencia de obra en zona verde para un conjunto de 232 viviendas, Banana Beach. Pocos meses después, fue condenado a un año de prisión en otro proceso por delito urbanístico, el caso Proinsa. Hace apenas una semana, la Fiscalía se opuso a la concesión del indulto, por lo que el ex alcalde deberá ingresar en prisión.

Pero Muñoz, al que el Tribunal de Cuentas también le ha condenado a responder solidariamente por 3,5 millones de euros junto a otros dos consejeros de la sociedad municipal Jardines 2000, aún tiene que dar cuenta de una larga lista de casos por delito contra la ordenación del territorio, algunos de los cuales se remontan a ocho años atrás.

Mucho más rápida ha sido la acción de la justicia con la tercera regidora del GIL, Marisol Yagüe, que accedió a la alcaldía por una polémica moción de censura que en agosto de 2003 puso junto a otros siete concejales del GIL, tres del PA y tres tránsfugas del PSOE contra Muñoz.

En menos de tres años de mandato, Yagüe, encarcelada desde la madrugada del domingo por el caso Malaya, se ha visto implicada en al menos cinco causas judiciales. De presunta prevaricación está imputada en los casos Breack 2000 y Bohemian. El primero tiene que ver con una permuta que el Ayuntamiento hizo con la constructora a la que da nombre el caso, a la que entregó dos áticos de lujo a cambio de un local que resultó estar embargado. El convenio lo firmó Julián Muñoz, pero fue ratificado por Yagüe, por lo que ambos están imputados. El caso Bohemian se instruye para esclarecer por qué Yagüe ordenó levantar el precinto de una discoteca cuando había sido cerrada por carecer de licencia por orden del concejal andalucista Carlos Fernández, a quien la alcaldesa expulsó de su equipo de gobierno el pasado septiembre.

Hay al menos dos sumarios en los que Yagüe está imputada por presunto delito urbanístico, pero ninguno ha tenido la repercusión del caso Copasur, por el supuesto desvío de materiales municipales para la reforma interior en su vivienda. En aquellas obras, Yagüe gastó 949.000 euros que aún no ha pagado, motivo por el que fue demandada por la constructora y por el que un juez ha decretado la prisión preventiva de su vivienda.