El Ayuntamiento de Marbella alega contra la retirada de competencias el día de su disolución

El Ayuntamiento de Marbella envió ayer a la Consejería de Obras Públicas, por correo certificado urgente, las alegaciones al expediente abierto para retirarle las competencias urbanísticas. El envío se produjo mientras el Consejo de Ministros decidía la disolución del Ayuntamiento como consecuencia de la investigación de corrupción en el municipio y por la que han sido detenidos la alcaldesa, Marisol Yagüe, y tres de sus concejales. El Consistorio remitió esta documentación el último día del plazo inicial que le dijo la Junta para presentar alegaciones. Obras Públicas, según este departamento, había comunicado al Ayuntamiento que el plazo se ampliaba hasta el 18 de abril.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, anunció el 16 de marzo el inicio del expediente que culminará, previsiblemente en junio, con la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento marbellí. La Administración autonómica dio entonces un plazo de 15 días hábiles al ayuntamiento para presentar alegaciones, un trámite previsto en la Ley del Suelo. Este plazo concluía ayer y ha estado marcado por la operación policial y judicial contra la corrupción que empezó en Marbella el pasado 29 de marzo.

De hecho, a principios de esta semana, el alcalde en funciones de Marbella, Tomás Reñones, envió una carta a la consejera de Obras Públicas en la que pedía que se ampliara el plazo para presentar alegaciones ya que, según su versión, la policía se había incautado de parte del expediente que la Junta había enviado al Ayuntamiento sobre la retirada de las competencias urbanísticas.

Reñones, según fuentes de Obras Públicas, demandaba, además, que se le envíase de nuevo el expediente íntegro. La Junta, que ha querido desligar en todo momento la operación contra la corrupción del expediente administrativo sobre la retirada de competencias a Marbella, remitió de nuevo la documentación, que consta de 382 folios y 25 volúmenes complementarios.

La anómala situación que atraviesa el Consistorio quedó patente en la secuencia de hechos que se produjeron ayer por la mañana: el Ayuntamiento de Marbella envió las alegaciones contra la retirada de las competencias a las 11.35; paralelamente, Obras Públicas confirmaba al equipo de gobierno municipal la ampliación del plazo para presentar las objeciones y, por último, el Consejo de Ministros debatía la disolución del Consistorio.

Correo certificado

Las alegaciones del Consistorio, redactadas por el catedrático de Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo, fueron enviadas a la Junta por correo certificado urgente, según dijo ayer Arturo Moya, coordinador general del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. "El informe redactado por Manuel Clavero es muy contundente, muy serio, y argumenta siempre desde el punto de vista legal", señaló Moya.

El documento incluye una primera parte referida a las leyes que según el consistorio el expediente conculca en base a la Constitución y a la regulación de administración local. Un segundo apartado rebate las acusaciones al Ayuntamiento de conceder licencias contrarias al PGOU de 1986. Y una tercera parte cuestiona la "decisión unilateral" de la Consejería de anular el convenio de colaboración firmado entre Junta y Ayuntamiento para la redacción de un nuevo PGOU en enero de 2004. "El caso es que a día de hoy sólo hay diez sentencias firmes por parte del TSJA", criticó Moya.

El coordinador del PGOU apunta las consecuencias de la operación policial contra la corrupción en el proceso de alegaciones. "En medio de las alegaciones ocurrió la toma de la Bastilla, y ahora el Ayuntamiento está como el desierto del Sáhara. Además, tras el cierre de las oficinas de planeamiento se habían llevado una parte del informe, y Reñones firmó la petición de la prórroga sin resultados hasta ayer", según Moya.