Nuevo baile de ediles en los juzgados por otros sumarios

El diezmado equipo de gobierno municipal continúa su rosario de comparecencias ante los juzgados. Ayer fue el turno del alcalde en funciones, Tomás Reñones y el concejal José Luis Fernández Garrosa, además de otros cinco imputados, entre ediles y ex ediles, los que declararon por tres presuntos delitos urbanísticos.

"Fíjate si son numerosas nuestras declaraciones en los juzgados, que cuando declaramos una vez, su señoría corta y pega, y luego te hace una preguntita más. En teoría habríamos cometido sesenta delitos semanales multiplicados por cuatro años de mandato. Por eso solicitamos la acumulación de todos los procedimientos", reclamó el concejal no adscrito Alberto García Muñoz.

El alcalde en funciones, Tomás Reñones, el ex alcalde Julián Muñoz y otros cuatro ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), Rafael González, Alberto García, Marisa Alcalá y Javier Lendínez, declararon como imputados de un presunto delito urbanístico ante el Juzgado de Instrucción número 3. La Comisión de Gobierno concedió una licencia para construir sobre suelo no urbanizable según el PGOU de 1986, aún vigente, en la zona conocida como Holandalucía, aprobación por la que ayer declararon los seis ediles ante el juez Gonzalo Dívar.

Las diligencias que se instruyen se centran en una licencia de obras concedida por el equipo de gobierno que presidía el ex alcalde Julián Muñoz, en mayo de 2002, para construir 40 viviendas y un centro comercial en una parcela calificada como no urbanizable según el PGOU de 1986. El PSOE se personó en la causa como acusación particular. La recalificación de Holandalucía por seis millones de euros figura en una carta intervenida por la policía y firmada por Juan Antonio Roca, entonces gerente de Urbanismo, dirigida al jeque Hassan Enany.

El interés mediático decae poco a poco en los juzgados marbellíes, a pesar de que la presencia del ex alcalde, Julián Muñoz, congregó ayer a parte de la prensa rosa. El edil Javier Lendínez dijo estar "tranquilo". "Creo que hemos actuado con total legalidad y según nos dictaba tanto el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, como los técnicos municipales", aseguró. El abogado municipal, Ernesto Osuna, recordó que el caso se centra en la discrepancia entre la aplicación del PGOU de 1998 y el plan vigente según el Gobierno andaluz de 1986. Todos los imputados, excepto el edil Javier Lendínez, declararon a continuación por una licencia de obra suspendida temporalmente para proteger los elementos arquitectónicos "dignos de protección". Lla declaración de Muñoz y Fernández Garrosa fue por otro presunto delito urbanístico, esta vez en la urbanización Jardines de la Playa en la zona de Guadalmina.