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Editorial:

Fuera de radar

Que el Gobierno, éste o el anterior, no sepa realmente si por aeropuertos españoles han pasado vuelos de la CIA para trasladar a Guantánamo u otros lugares a presos capturados de forma ilegal en Irak resulta entre inverosímil y preocupante. El informe de Amnistía Internacional (Fuera de radar: vuelos secretos hacia la tortura y la desaparición) pone de relieve prácticas de ocultación por parte de EE UU, como el uso de empresas tapadera y el cambio en la identificación de los aparatos, que España no debió tolerar.

En su comparecencia parlamentaria del 24 de noviembre, el ministro Moratinos limitó sus explicaciones a los vuelos que supuestamente habían pasado por los aeropuertos de Palma y Tenerife, como si la información que se le requería no afectara a los demás. La investigación de Amnistía Internacional ha puesto de relieve que al menos otros cuatro vuelos pasaron por Barcelona y Málaga, dos en tiempos del Gobierno de Aznar y otros dos del actual. Moratinos aseguró ayer que dichos vuelos no se investigaron porque "nadie podía sospechar" de qué se trataba, y se comprometió a informar en breve al Congreso, cuya Comisión de Asuntos Exteriores lo pidió por unanimidad.

Entretanto, su departamento ha enviado al Consejo de Europa, que investiga esta cuestión, un tedioso informe, centrado en los aspectos jurídicos y basado en la citada comparecencia del ministro, que incluye una afirmación que requerirá más sustanciación: que no se ha probado que estos vuelos que pasaron por España transportaran a personas detenidas de forma irregular (lo cual es verosímil en los vuelos de ida, pero menos en los de vuelta). Y en el que se afirma que, si llegara a probarse, no tiene por qué deducirse de ello que se hubiera hecho con "la participación de las autoridades españolas por acción u omisión".

En otoño pasado, cuando saltó el escándalo de los vuelos de la CIA, la secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, se extrañó de que los Gobiernos aliados europeos se hicieran los sorprendidos. En su reunión con ella, los ministros de Exteriores de los países de la OTAN pasaron de puntillas sobre esta cuestión. Por tanto, es necesario determinar si el Gobierno sabía o no, y si prefirió no saber demasiado. Incluso frente a amigos o aliados, el radar del Estado debe ser creíble para poder cumplir lo que Moratinos prometió ayer: "Que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de abril de 2006