Una trama de comisionistas para una ciudad en quiebra

Un asesor externo, Juan Antonio Roca, que cobra millonarias comisiones por autorizar operaciones urbanísticas sin ser funcionario y blanquea ese dinero a través de testaferros. Un equipo de Gobierno local que no sólo tolera los tejemanejes del asesor, sino que también recibe cantidades bajo mano a cambio de la adjudicación de servicios municipales en una suerte de segundo peaje. Y varios abogados que actúan como que tejen una red de sociedades instrumentales, a cuyo nombre se inscriben los inmuebles adquiridos con las comisiones ilegales.

Son los tres elementos fundamentales de la trama de corrupción urbanística de Marbella que ha dejado en quiebra al ayuntamiento y ha mandado a la cárcel a la alcaldesa, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros dos concejales; y en la que la policía ha intervenido propiedades por un valor aproximado de 2.400 millones de euros.

Según se desprende de las resoluciones dictadas hasta el momento por el juzgado de Instrucción número 5 de ese municipio, el principal urdidor de las corruptelas era el propio Roca. El antiguo gerente de Urbanismo de Marbella, ahora simple asesor aunque todopoderoso, era, según el juez, "la persona que dirige y controla completamente las decisiones municipales".

- Las competencias del asesor. Desde su puesto de asesor, Roca siguió dirigiendo la política urbanística de Marbella, asumiendo de hecho las funciones de esa área municipal, algunos de cuyos funcionarios (entre ellos el jefe del Servicio Jurídico, que destapó los hechos ante el juez) fueron relegados al advertir de la ilegalidad de la gestión de sus superiores. "Los empresarios se dirigen siempre al señor Roca a la hora de realizar operaciones inmobiliarias o relativas a los contratos y concesiones públicas", dice uno de los autos. "El propio señor Roca da órdenes directas a todo tipo de funcionarios y concejales, pese a que no ocupa ningún cargo en el ayuntamiento", prosigue esa resolución.

A cambio de esas gestiones -eficaces al 99%, según el funcionario que lo denunció-, el asesor obtenía comisiones millonarias, que en los 15 años en los que estuvo relacionado con el ayuntamiento lo llevaron a administrar un patrimonio de decenas de millones de euros, cuando su sueldo no superaba los 150.000 euros anuales.

- Las "marionetas" de Roca. El juez considera que los miembros del equipo de gobierno cumplían un papel secundario en la trama. Frente a la relevancia de Roca, dice otro auto, "el papel de los concejales es menor", y aparecen subordinados a él hasta el punto de que la alcaldesa, Marisol Yagüe, "es una simple marioneta en manos de Roca". El papel de los ediles consistía, básicamente, en sacar adelante las licencias y adjudicaciones decididas previamente por Roca. Al tiempo obligaban a los empresarios a pagar nuevas comisiones.

Lo que ha llevado a la cárcel a Yagüe y tres concejales es la adjudicación a dedo del concurso para el alquiler (renting) de los vehículos oficiales del ayuntamiento y el de la retirada de vehículos de la vía pública (la grúa). El beneficiario de ambos, el empresario Ismael Pérez Peña (también en prisión), pagó dos millones de euros a Roca a través de un testaferro para agradecerle sus gestiones. A Yagüe le regaló varios coches de lujo, pero no a los demás ediles, que también le exigieron compensaciones. "La burra no da para tanta leche", dijo el empresario a los concejales, según el juez. En una conversación telefónica de Isabel García Marcos, ésta llegó a confesar que cobraba por todo lo que hacía. "Si no me pagan, no hago nada", decía.

- Cómo esconder una fortuna. En los 15 años que Roca ha estado ligado al Ayuntamiento de Marbella, ha generado un patrimonio de "miles de millones de pesetas", según el juez. Para ocultarlo se valió de abogados como Montserrat Corulla y los letrados del bufete Sánchez Zubizarreta & Soriano (cuatro de ellos en prisión provisional) que, además de defenderle en sus causas pendientes con la Justicia, crearon una red de sociedades para blanquear el dinero obtenido ilícitamente, invirtiéndolo en propiedades inmobiliarias. Las suntuosas fincas de Los Alcázares (Murcia) y Jimena de la Frontera (Cádiz) y los dos palacetes intervenidos en Madrid se compraron con dinero negro.