El pleno del Senado aprueba por unanimidad la disolución del Ayuntamiento de Marbella

El pleno del Senado ha aprobado esta tarde por unanimidad el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas de esta Cámara favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El documento, por tanto, se trasladará al Gobierno de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para que el Consejo de Ministros del viernes determine la disolución del Consistorio, que pasará a manos de una gestora tras el escándalo de corrupción.

La sesión ha estado marcada por las declaraciones del senador popular Joaquín Luis Ramírez, quien al final ha acusado a la Junta de Andalucía de poder haber incurrido en "connivencia" con los supuestos casos de corrupción del consistorio de Marbella, lo que ha propiciado que el presidente del Senado, Javier Rojo, le obligara a retirar del acta esa "imputación" al Gobierno andaluz.

La sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas comenzó a las 9.00 horas y contó con la asistencia de la consejera andaluza de Gobernación, Evangelina Naranjo (a esta Comisión pueden asistir si lo desean los representantes de las regiones). El informe favorable ha sido aprobado por asentimiento por todos los miembros de la Comisión, en la que no ha habido más intervenciones que la de su presidente, Juan José Laborda. Ningún portavoz ha tomado la palabra. Laborda ha instado a los miembros de la Comisión a tener presente que, ante la falta de precedentes, y al tratarse de una decisión "enormemente excepcional", ésta es "una de las pocas veces en las que la función del Senado se asimila a la de un juez o jurado, por lo que requiere de una cierta meditación". Los senadores recibieron ayer el informe del Gobierno así como el que ha motivado este proceso, el de la Junta de Andalucía.

Sesión plenaria

El presidente de la comisión ha expuesto que "no se trata de disolver una empresa o un club de fútbol, sino un ayuntamiento" y que la autonomía local es una de las bases del ordenamiento constitucional. También ha aclarado a los senadores que su decisión no se debe a que la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, y varios concejales se encuentren en prisión, sino a que la situación del consistorio encaja de lleno en las previsiones de la ley para disolver un ayuntamiento. Al margen de esta propuesta aprobada en el pleno del Senado, el Ejecutivo necesita también un informe de la Comisión Nacional de Administración Local, formada por representantes del ámbito local y del Estado y que se reunirá mañana. En este caso, y a diferencia del Senado, la legislación no exige que sea favorable o no a la disolución de un ayuntamiento, sino simplemente que informe. Con estos trabajos ya en su mano, el Ejecutivo tiene previsto establecer la disolución del consistorio marbellí en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

La consejera andaluza de Gobernación, Evangelina Naranjo, ha dicho tras la sesión de la Comisión de Comunidades Autónomas que la disolución del ayuntamiento andaluz es un paso para "restablecer la normalidad democrática e institucional y recuperar el buen hacer de un ayuntamiento para los intereses municipales y de los ciudadanos de Marbella".

Naranjo ha recalcado que esta decisión "histórica" se apoya en "consideraciones objetivas, no subjetivas". Según ha manifestado, en respuesta a los periodistas, el Ejecutivo autonómico necesitaba "resultados" de la investigación policial y judicial para iniciar los trámites que llevaran a la disolución del consistorio. La consejera también ha insistido en el criterio de la Junta y del Gobierno de que no queda tiempo para organizar elecciones en Marbella, ya que están previstos comicios en mayo de 2007, casi el año que exige la ley entre una cita electoral y otra. Y ha recordado de todos modos que se ha solicitado su opinión sobre este asunto al Consejo de Estado, que mañana emitirá su dictamen.