La masiva protesta en Francia contra el contrato para jóvenes acorrala a Villepin

Entre uno y tres millones de personas, según las fuentes, salieron a la calle en Francia contra el polémico contrato de primer empleo (CPE), que precariza el trabajo de los jóvenes. La cuarta jornada de movilización en un mes contra la tímida reforma laboral del Gobierno -esta vez con huelgas en los transportes públicos incluidas- ha puesto al primer ministro, Dominique de Villepin, definitivamente contra las cuerdas. Un portavoz del presidente, Jacques Chirac, anunció ayer que éste anulaba sus compromisos fuera de París porque había decidido "no alejarse del palacio del Elíseo".

Los sindicatos rechazan cualquier negociación si previamente no se retira la ley

El temor a que los grupos de casseurs (reventadores) se adueñaran de las calles, como sucedió en las dos últimas manifestaciones, especialmente el pasado jueves en París, no era infundado, en vista del rosario de pequeños incidentes que siguieron al cortejo parisiense, ya desde el lugar de concentración en la plaza de Italia. Pero ayer tanto la policía como los servicios de orden de los sindicatos no se dejaron desbordar por estas bandas de delincuentes adictos a la violencia extrema y gratuita, que aprovechan la ocasión para cometer agresiones y robos.

Lo intentaron, ciertamente; incluso se atrevieron en un momento determinado con la cabeza de la marcha, en la que estaban los principales líderes sindicales, pero fueron repelidos y perseguidos por los sindicalistas. Más de 4.000 agentes antidisturbios de las CRS vigilaron la marcha en la capital, utilizando todo tipo de tácticas, desde policías infiltrados que detectaban a los provocadores hasta fusiles que disparaban rachas de tinta indeleble para identificarlos. Las paradas del metro cercanas al cortejo estaban literalmente tomadas por las fuerzas del orden. A las siete de la tarde la policía anunciaba que se habían producido 387 detenciones en todo el país, de las que casi 200 correspondían a París.

La jornada fue un éxito absoluto del frente anti-CPE. La Confederación General del Trabajo, el principal sindicato, cifra en tres millones el total de manifestantes en 135 ciudades de todo el país. La policía lo divide por tres, como viene siendo habitual últimamente. En cualquier caso todos coinciden en que es el doble que el pasado sábado día 18. Fuera de la capital la asistencia también fue masiva. En Marsella hubo entre 25.000 y 250.000 personas; en Nantes, entre 42.000 y 60.000; en Rouen, entre 18.000 y 40.000; en Grenoble, entre 26.000 y 60.000; en Rennes entre 8.000 y 12.000 y en Dijon, entre 10.000 y 12.000, entre otras.

Las huelgas en el transporte público se han hecho notar, pero no han paralizado el país. Funcionaron dos de cada tres trenes de alta velocidad y un 40% de los trenes regionales. El tráfico aéreo se vio bastante afectado: se cancelaron un tercio de los vuelos previstos en toda Francia. En París, gracias al acuerdo de servicios mínimos firmado antes del verano entre los sindicatos y la empresa municipal de transportes, el metro y los autobuses funcionaron en un 75% de su frecuencia habitual y los trenes de cercanías en un 50%. En la Educación el paro se sitúa en un 50%. No hay cifras de la incidencia en el sector privado.

Mientras el interminable cortejo atravesaba el puente de Austerlitz camino de la plaza de la Bastilla, bajo un cielo plomizo y rachas de lluvia intermitentes, el primer ministro, Dominique de Villepin, hablaba en la Asamblea Nacional. En un ambiente crispado, soportando los abucheos de la oposición, el jefe del Ejecutivo defendió de nuevo el contrato para menores de 26 años que permite el despido sin justificar durante los primeros 24 meses, y acusó a los sindicatos de haber rechazado la invitación que les hizo para sentarse hoy a negociar. "No permanezcamos inmóviles", se justificó Villepin, "nadie ha conseguido avanzar hasta ahora contra el problema del paro juvenil".

Por la mañana, el primer ministro se había reunido con un grupo de diputados de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), para explicarles que no pensaba retirar el CPE, aunque estaba abierto a introducir modificaciones, siempre que no fueran "de orden legislativo". Concretamente, reducir la duración del periodo de prueba e introducir la necesidad de que haya una entrevista entre el joven y el empleador a la ruptura del contrato.

El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que también es presidente de la UMP y su principal rival en el campo de la derecha como eventual candidato presidencial, propuso "una suspensión en la aplicación" del CPE mientras se negocia "un compromiso", según explicó Bernard Accoyer, presidente del grupo parlamentario de la UMP. Sarkozy se ha ido desmarcando cada vez más del polémico contrato y propugna una reforma laboral que contemple un solo tipo de contrato y que no discrimine a los jóvenes respecto al resto de los trabajadores.

Una de las posibles salidas a la crisis podría llegar del Consejo Constitucional, que el jueves se pronunciará sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista a la ley que incluye el CPE. El Gobierno y los sindicatos tendrían 15 días para negociar antes de que el presidente Chirac promulgue la ley, si es que decide hacerlo.

Los sindicatos, por su parte, rechazan cualquier invitación a negociar si previamente el Gobierno no retira el CPE y hoy tienen previsto reunirse a las dos de la tarde para decidir qué acciones tomar en el futuro e intentar mantener la unidad del movimiento que ha puesto en jaque a Villepin.