Uruguay extradita a Chile a tres militares por el asesinato de un agente de Pinochet

La Corte Suprema de Uruguay concedió ayer la extradición a Chile de dos coroneles uruguayos en servicio activo y de otro en retiro -todos pertenecientes al servicio de inteligencia-, para que sean juzgados en Santiago por su participación en el secuestro y posterior asesinato de Eugenio Berríos, químico y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía política de la dictadura militar chilena). El fallo ha sido calificado de histórico en ambos países, pues por primera vez militares de este rango serán extraditados entre países del Cono Sur.

El fallo del Tribunal Supremo de Uruguay es inapelable. Tuvo el voto favorable de sus cinco miembros, que aprobaron la extradición de los coroneles Wellington Sarli y Eduardo Radaelli y del coronel retirado Tomás Casella, procesados en Chile por asociación ilícita y secuestro. Otros seis militares chilenos, entre ellos dos generales retirados, están procesados por el mismo caso.

La justicia uruguaya ordenó ayer la detención de los tres militares. La resolución judicial fue conocida pocas horas después de la visita que realizó a Montevideo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El abogado defensor de los coroneles, Amadeo Otatti, criticó esta coincidencia y afirmó que aun cuando existe malestar en el Ejército uruguayo, los uniformados acatarán el fallo.

Muerte de Carmelo Soria

Conocido como el "químico de la DINA", Berríos desarrolló durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) la fabricación de gas sarín para el Ejército. También estuvo implicado en los asesinatos del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria y del ex ministro socialista Orlando Letelier. La justicia investiga también su participación en el fallecimiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964- 1970), en 1982, en una extraña infección posoperatoria, cuyo origen se atribuye a Berríos. Era un hombre que sabía demasiado de los crímenes de la dictadura chilena y eso, al parecer, explicaría su desaparición y asesinato. Su cadáver fue hallado maniatado y con dos balas en el cráneo en 1995 cerca de Montevideo.

Tres años antes, la Dirección de Inteligencia (DINA) del Ejército chileno sacó a Berríos clandestinamente del país, con rumbo a Buenos Aires y después a Montevideo, para evitar que compareciera a declarar ante la justicia. En 1992, Pinochet era jefe del Ejército y conservaba mucho poder. Según diversas investigaciones judiciales en Santiago, la DINA cumplió la tarea de sacar del escenario a quienes podían comprometer a Pinochet en casos de crímenes o corrupción.

En esta función recibió colaboración de miembros de los aparatos de inteligencia de Uruguay y Argentina, en una reedición de la Operación Cóndor, desarrollada por las dictaduras suramericanas en los años setenta y ochenta para exterminar opositores, pero ya en democracia y con el objetivo de la impunidad. Berríos se mantuvo oculto en Uruguay, bajo vigilancia de oficiales chilenos, para eludir a la justicia de Santiago. A fines de 1992 se presentó ante la policía uruguaya, denunció que temía por su vida y que estaba secuestrado por militares de ambos países. La policía, sin embargo, devolvió a Berríos a sus captores, oficiales uruguayos, y desde entonces se perdió su pista, hasta que fue hallado su cadáver. Sus familiares interpusieron una querella en Chile y, según sostienen, Berríos fue asesinado porque quería comparecer ante la justicia.

El juez Alejandro Madrid, que investiga el crimen de Berríos, afirmó ayer que la resolución uruguaya "tiene una importancia enorme" y explicó que ahora las cancillerías de ambos países deben coordinarse para el traslado de los tres militares.

El abogado Álvaro Varela, que representa a la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, sostuvo que la asociación ilícita que asesinó a Berríos quería "eliminar toda posibilidad de que él hablase lo que sabía sobre las operaciones que se hacían en la época en que murió el presidente Frei Montalva, tendentes a eliminar personas aplicándoles gas sarín y otros productos de esa naturaleza". La conclusión de Varela es categórica: "Estas operaciones eran del conocimiento del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet". Uno de los militares cuya extradición apoyó la justicia, Casella, fue edecán del ex dictador chileno cuando éste visitó Uruguay en 1993.