Las compañías de limpieza quieren que el juez fije la legalidad de la huelga de Irún

Las empresas Eulen, Clece y Valoriza, contratadas por el Ayuntamiento de Irún para la limpieza de edificios municipales, han decidido interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social de San Sebastián para que determine si es o no legal la huelga que mantienen desde el 23 de enero 58 de sus trabajadoras. "Nosotros, como el Ayuntamiento, creemos que puede ser ilegal, así que nuestro departamento jurídico está trabajando para llevar el asunto al juzgado inmediatamente", explicó Antonio Rufo, director provincial de Eulen.

La huelga entró en una nueva fase el pasado lunes, cuando el consistorio dio a conocer un informe jurídico que destaca la "ilegalidad" de este paro con el que las limpiadoras persiguen su equiparación salarial con las funcionarias que desempeñan sus mismas tareas -cobran un 35% menos-. Un paro indefinido es ilegítimo "cuando tenga por finalidad alterar lo pactado en un convenio colectivo dentro del periodo de vigencia del mismo", destaca el informe. El 3 de enero pasado se publicó en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el convenio de Limpieza de Edificios y Locales de este territorio.

El consistorio exigió entonces a las empresas que adecentasen de forma inmediata los edificios. Si no, advirtió, adoptará "las medidas oportunas que pongan fin a la situación que se vive en los servicios afectados", desde la residencia de ancianos a los colegios de Primaria, en los que más de medio centenar de escolares han visto agravados sus problemas de asma y alergias. Ni las firmas han enviado a sus empleados a limpiar las instalaciones municipales ni el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto. ¿Cuándo lo hará? "Por el momento no tenemos nada que decir", responden fuentes municipales.

Lectura sindical

Eulen, Clece y Valoriza se sienten atrapadas entre las exigencias del Ayuntamiento y su obligación de respetar el derecho a una huelga que desconocen si es legítima. Por ello pidieron el martes asesoramiento al Gobierno vasco. "Nosotros no somos los competentes para decir si una huelga es legítima o no. Eso deben resolverlo los tribunales", responden fuentes del Ejecutivo. "No vamos a ejercer de mediadores, aunque sí, estamos hablando con las dos partes para ver si llegan a un acuerdo". Las empresas han decidido así presentar la demanda.

Los sindicatos ELA, LAB Y ESK, por su parte, sostienen que han respetado "escrupulosamente" todos los pasos para "ganar el ámbito de negociación de centro" entre los dos convenios. "En todo caso, ha pasado la época en que el gobernador decidía lo que es o no legal. Es la autoridad laboral competente quien debe determinarlo", señaló Iñigo Zubeldia, de ELA. "Nos llama la atención que el Ayuntamiento, que no tenía nada que decir en este asunto hasta hace dos días, salga ahora con esto".