Suspendida la regularización de 13.900 inmigrantes por deudas de sus empleadores

Un último obstáculo, ajeno a su responsabilidad y que desconocían hasta ahora, acecha a 13.900 inmigrantes de la región que intentan regularizar su situación. Son las deudas que las personas o empresas que les habían ofrecido trabajo mantienen con la Seguridad Social o Hacienda. La Delegación del Gobierno en Madrid admite que ha denegado la solicitud de regularización a 13.900 personas por este motivo, aunque añade que ha logrado resolver favorablemente en un mes otros 9.000 casos similares. Comisiones Obreras denuncia los perjuicios que sufren los solicitantes.

"La normativa es clara en este sentido. Toda solicitud de regularización en la que el empleador no esté al día con Hacienda o con la Seguridad Social debe ser denegada", explica Miguel Ángel Rodríguez Villanueva, secretario general de la Delegación de Gobierno en Madrid.

En algunos casos, estas deudas son abultadas cantidades de dinero que una empresa tiene pendientes con la Seguridad Social o el Ministerio de Hacienda. En muchos otros, sin embargo, la regularización del inmigrante puede irse al traste por una multa de tráfico impagada por el padre de familia que pensaba emplearlo en su servicio doméstico. "A efectos legales, igual da una situación que la otra", admite Rodríguez Villanueva.

El sindicato CC OO denuncia la "enorme injusticia" que supone terminar de este modo con las esperanzas -justo cuando veían la luz al final del túnel- de miles de inmigrantes que llevan años viviendo con el miedo a la expulsión y soportando empleos en la economía sumergida, según Ana González, responsable de Políticas Sociales de CC OO. "El inmigrante ha cumplido con todo lo que se le pedía y es para él un golpe muy duro que por una deuda con la que no tiene nada que ver se ponga en peligro su regularización", añade.

Estudio caso a caso

Rodríguez Villanueva asegura que la Delegación del Gobierno está "estudiando caso a caso, buscando la mejor forma de resolver la situación en beneficio del inmigrante si éste cumple con todos los requisitos".

De las 171.321 solicitudes presentadas en la región en el proceso de regularización iniciado hace un año por el Gobierno central, 22.832 (el 13% del total) habían sido denegadas el pasado 27 de febrero por deudas de los empleadores, según un informe de CC OO.

"Desde entonces hemos logrado solventar la situación de casi 9.000 personas que habían recurrido la denegación", explica Rodríguez Villanueva. "Hay dos opciones para hacerlo. La primera es que el empleador pague la deuda, sea ésta una multa en el caso doméstico o cualquier deuda en el caso de una empresa. La segunda es que el inmigrante consiga otro empleo", añade.

La delegación asegura que, una vez presentado el recurso, el inmigrante tiene plena seguridad jurídica para permanecer en España. Pese a ello, Rodríguez Villanueva admite que algunos inmigrantes se han salvado en el último momento de ser expulsados de España. "Ha habido casos en los que la expulsión ya estaba en marcha y hemos tenido que intervenir para frenarla porque estaba pendiente de resolver el recurso", afirma.

Quedan, sin embargo, 13.900 solicitudes denegadas que están pendientes de que el empleador pague sus deudas o de que el inmigrante consiga hacerse con otra oferta de empleo. La Delegación del Gobierno en Madrid confía en que "logren resolverse otras 10.000 solicitudes más de forma favorable", prosigue Rodríguez Villanueva.

Las casi 4.000 restantes, según calcula la Delegación del Gobierno, serán finalmente denegadas. La mayoría de éstas (alrededor del 70%) serán imputables a la empresa, según la Delegación del Gobierno. "En estos casos, si la empresa no salda sus deudas y el inmigrante no logra otro empleo, jurídicamente estamos obligados a denegarla", afirma Rodríguez Villanueva. El 30% de casos restantes serán denegados porque el inmigrante cuenta con antecedentes policiales graves o penales, o porque incumple otros requisitos exigidos.

Ana González, de CC OO, denuncia los "graves perjuicios" que esta situación está causando en los inmigrantes. "Apreciamos la buena voluntad de la Delegación del Gobierno, pero no es menos cierto que para el inmigrante, además de la ansiedad sufrida, el quebranto económico es importante, porque debe esperar varios meses o un año más para ser regularizado, tiempo en el que no cotiza a la Seguridad Social", afirma.

Comisiones Obreras denuncia también la situación de 4.000 extranjeros que, pese a haber sido regularizados, aún no han sido dados de alta en la Seguridad Social por los empresarios. "Es un grave incumplimiento de sus obligaciones", concluye.