Un juez federal forzará a Google a entregar información sobre las búsquedas de sus usuarios

Un juez del tribunal federal de San José (California) ha anunciado su intención de ordenar a Google que entregue al Gobierno de Estados Unidos un listado con búsquedas realizadas por sus usuarios. Según los expertos, de la resolución de este enfrentamiento jurídico depende el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet. Los abogados de Google argumentaron ante el magistrado las razones por las que se negaban a colaborar con el Departamento de Justicia. Aunque la muestra que deberán entregar es aleatoria y anónima, Google considera que su cesión constituirá el principio del fin de la privacidad en Internet.

El juez federal asignado al caso, James Ware, anunció que su intención es requerir a Google la entrega de la lista de búsquedas que el Departamento de Justicia quiere emplear para una investigación sobre pornografía infantil. A la espera de la sentencia definitiva, el juez no reveló si exigirá medidas de protección de la identidad de los usuarios cuyas búsquedas acabarán en manos del Gobierno estadounidense.

El enfrentamiento que ayer se dirimía en ese tribunal de California está asociado a una ley de 1998, la Child Online Protection Act (Ley de Protección del Menor en Internet). El texto establecía 50.000 dólares y seis meses de prisión para los dueños de páginas de Internet que incluyeran material "dañino para los menores" en fotos o descripciones de contenido sexual.

Sin embargo, el Tribunal Supremo bloqueó la ley seis años después de su entrada en vigor por el temor a que el texto recortase la libertad de expresión en Internet: aplicada con rigor, la ley podría llevar a la cárcel a quienes ofrecieran páginas de arte con cuadros de desnudos femeninos. Con su decisión, los jueces del Supremo establecieron que la protección del menor corresponde más bien a los usuarios mediante la instalación de filtros contra la pornografía o el contenido violento.

Consciente de que la decisión era controvertida, el Supremo obligó a que el texto de la ley fuera sometido a un juicio civil entre quienes optaran por personarse en el caso. En contra de la sentencia del Supremo se personó el Departamento de Justicia (el Gobierno de EE UU), y a favor, la American Civil Liberties Union, la principal asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles.

En la preparación del caso, la Fiscalía del Departamento de Justicia pidió a varias empresas con servicios de búsqueda en Internet una muestra aleatoria de 50.000 páginas de Internet accesibles desde el portal de búsqueda y 5.000 términos buscados en un periodo de una semana. Tres de las cuatro empresas que recibieron el requerimiento acataron su cumplimiento (Microsoft, America Online y Yahoo!), y la cuarta, Google, combate ahora en los tribunales ese requerimiento. Algunos analistas consideran que una victoria final del Departamento de Justicia sentaría las bases para que el Gobierno de Estados Unidos aspirase a controlar el movimiento y las comunicaciones de los usuarios de Internet.