Embargo al país inexistente

Tras dudarlo mucho, Ucrania ha cedido por fin a las presiones de Moldavia para doblegar al enclave secesionista del Transdniéster. Prescindiendo de su papel de mediador en el conflicto entre Chisinau y Tiraspol, Kiev ha introducido unas normas aduaneras que suponen el bloqueo económico de la región rebelde, poblada mayoritariamente por eslavos y situada en una estrecha franja entre la ribera izquierda del Dniéster y el territorio de Ucrania. Las normas aduaneras han sido apoyadas por la Unión Europea y EE UU, pero enfrentan a Kiev con Moscú (también mediador) y han generado un colapso en el tránsito de trenes, pasajeros y mercancías por una importante zona industrial vecina al mar Negro.

El bloqueo ha causado un verdadero caos en el transporte ferroviario de la región

A partir del 3 de marzo, Ucrania prohibió el paso por su territorio de las mercancías carentes del sello de la aduana moldava, lo que supone bloquear las exportaciones del enclave independentista, que no reconoce la autoridad de Chisinau. El Transdniéster, una zona industrial que vive de su comercio a través de Ucrania, ha respondido cerrando el paso a los trenes y convoyes internacionales, lo que, a su vez, se ha traducido en un caos de pasajeros abandonados en estaciones fronterizas, cargas paralizadas y trenes desviados y retrasados.

El Transdniéster, que era parte de la URSS y que pertenecía administrativamente a Moldavia, se declaró independiente en 1991, alarmado por el anhelo de los nacionalistas moldavos de reunificarse con Rumania. Tras una guerra civil, atajada por el Ejército ruso en 1992, la coexistencia entre la ribera izquierda y derecha del Dniéster quedó congelada. Las dos partes han negociado durante años sin lograr una fórmula de convivencia, mientras Moscú y Kiev actuaban como mediadores, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), como observador. A estos actores se unieron después la UE y EE UU.

En 1997, Moldavia y el Transdniéster firmaron un memorándum que daba a la región secesionista el derecho a actividades económicas internacionales. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha pedido ahora que se activen los mecanismos existentes, como la comisión de control conjunta, para asegurar el cumplimiento de aquel documento. Una delegación rusa, compuesta por funcionarios del Consejo de Seguridad y el Ministerio de Exteriores, se desplazó al Transdniéster para estudiar la situación. De los cerca de 550.000 habitantes de la región, 200.000 son ucranianos, 200.000 son rusos y el resto moldavos. Rusia y Ucrania han repartido pasaportes entre los miembros de sus respectivas comunidades étnicas, de tal modo que en la región viven cerca de 70.000 ciudadanos rusos y otros tantos de Ucrania.

Tras el bloqueo, los dirigentes secesionistas buscaban una solución en Kiev, mientras en el Transdniéster los precios de los alimentos aumentaban por temor a la escasez y la producción local se acumulaba en los almacenes. El líder del Transdniéster, Igor Smirnov, no pudo convencer al presidente ucranio, Víctor Yúshenko, de que diera marcha atrás. Los dirigentes de Ucrania accedieron a crear una comisión mixta para debatir la situación en la frontera, pero insisten en que las nuevas normas aduaneras no deben ser consideradas como un bloqueo.

El comercio con el Transdniéster (o contrabando desde el punto de vista de Chisinau) ha sido un rentable negocio en la frontera con Ucrania y para Odessa. Kiev se había resistido a las presiones de Moldavia para cortarles el oxígeno a los independentistas, pero ha cambiado de política. "Ucrania se ha plegado a las presiones de EE UU y Bruselas, porque quiere hacer méritos ante Occidente para integrarse cuanto antes en la OTAN y en la UE", afirmaba desde Tiraspol Svetlana Gavrílova, la viceministra de Información independentista.

Tanto Rusia como Ucrania tienen intereses en el Transdniéster, donde está una central eléctrica controlada por una filial del Sistema Eléctrico Unificado de Rusia y la acería de Ribnitsa, que tiene accionistas rusos y ucranianos. Esta acería exportaba a los países de la UE, incluida España, hasta 2004, cuando tuvo que interrumpir esta actividad ante la negativa del Gobierno moldavo a expedir los certificados de origen exigidos por la UE, según manifestó por teléfono su vicedirector, Levón Vardanián.