Marruecos prepara una legislación contra el blanqueo de dinero

"Marruecos es uno de los pocos países del mundo donde uno puede entrar en un banco con una maleta repleta de dinero y abrir una cuenta sin ser preguntado sobre el origen de los fondos", escribía el semanario Maroc Hebdo. La afirmación es algo exagerada, pero es verdad que Marruecos carece de una legislación contra el blanqueo de dinero, una laguna que quedará subsanada en breve, con nuevas leyes que vigilarán el dinero de la droga y de la inmigración ilegal.

La UE y España llevan años presionando para que se apruebe esa medida. Marruecos, recordaba el miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la ONU, produce el 40% de la resina de cannabis del mundo. Ese tráfico genera un negocio anual de 10.000 millones de euros, de los que un tercio se queda en manos de narcos marroquíes. Al dinero negro de la droga se añade el que genera la inmigración clandestina, sobre el que no existe estimación fiable.

Para combatir ambos fenómenos la Unión Europea solicitó una vez más a Rabat, el pasado 22 de noviembre en Bruselas, que introduzca una legislación antiblanqueo y cree una unidad de inteligencia financiera. La diplomacia española considera que sin dar ese paso difícilmente podrá obtener de la Unión Europea el llamado "estatuto avanzado" que anhela.

"Para España es un sector de indudable importancia", señalaba a finales de 2005 un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo es, prosigue, "no sólo por la relevancia que dentro de la política antiterrorista adquiere la lucha contra las redes de financiación, sino además porque esto se aplica asimismo contra otras formas de crimen organizado presentes en Marruecos, y que afectan de modo especial a su vecino septentrional, como es el tráfico de drogas, principalmente el cannabis producido en el Rif, así como el tráfico ilícito de inmigrantes, todos los cuales inyectan sumas considerables de dinero negro en la economía española", sobre todo en Melilla, Ceuta y la Costa del Sol.

En el marco de la Operación Saco la policía española puso al descubierto, en noviembre pasado, una red que desde Melilla había blanqueado al menos 350 millones de euros. Las órdenes de cómo mover el dinero se daban desde la vecina ciudad marroquí de Nador, a 14 kilómetros de la ciudad autónoma española. Los depósitos en los bancos de Nador, con una población de 120.000 habitantes, equivalen a los de Casablanca, con más de cuatro millones.

Las fuerzas de seguridad españolas hubiesen cosechado otros éxitos probablemente si la cooperación marroquí fuera más intensa. Muestra, señala la nota de Asuntos Exteriores, "falta de transparencia y una postura reacia a compartir información".

Rabat ha dado, no obstante, algunos pasos desde 2004 para frenar el blanqueo, pero los bancos, las notarías o las agencias inmobiliarias, por ejemplo, siguen sin estar obligados a declarar los movimientos sospechosos. El proyecto de ley que aprobará en primavera el Parlamento cambiará la situación. Está en buena medida inspirado en las recomendaciones del Grupo de Actuación Financiera Internacional de la OCDE.

Para sacar el máximo partido a la nueva ley, la Agencia Española de Cooperación Internacional ofrece a Rabat asistencia técnica para la formación de los funcionarios encargados de luchar contra el blanqueo en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas y en la futura unidad.

No todos están de acuerdo, en Marruecos, con el enunciado de la nueva ley. En la Administración hay voces que han defendido, en vano, que se otorgue un periodo de gracia a los narcos para sacar a flote sus dineros, a condición de que inviertan en fondos con los que se construirían infraestructuras en el noreste del país, una de las regiones más pobres, pero gran productora de hachís.