Buenos y malos argumentos

Es mal argumento defenderse de los ataques del PP diciendo que la política antiterrorista no ha cambiado, y más si se relaciona con el de que también el Gobierno de Aznar negoció con ETA en Suiza. Aquel encuentro convenció al PP, y también al PSOE, de la imposibilidad de poner fin a la violencia a cambio de concesiones asumibles (sobre presos, etcétera). Ello se hizo aún más evidente cuando la propia ETA dio a conocer los motivos de la ruptura de la tregua: ni siquiera le bastaban las concesiones soberanistas del PNV. Tal ruptura (23 personas asesinadas en 2000, de las que 10 eran concejales o militantes del PSOE o del PP) llevó a ambos partidos a concertar el Pacto Antiterrorista. Su objetivo central era, según explicaron sus promotores, hacer perder a ETA la esperanza de que podrían un día alcanzar o acercar sus fines mediante la violencia. Se partía de la convicción compartida de que la expectativa de negociación se había convertido en el único factor capaz de dar algún sentido a la continuidad de la lucha armada. La conclusión era que había que dejar claro que esa expectativa era irreal, y que el pacto garantizaba que un cambio de mayoría no modificaría tal criterio.

Por tanto, sí hay un cambio importante en la política antiterrorista, sin que sea prueba en contrario que se haya seguido deteniendo terroristas. Ahora bien, ese cambio es consecuencia de la eficacia de la política de acoso judicial y policial desplegada al amparo del Pacto Antiterrorista, que llevó a ETA a la situación que constataba la carta de Pakito: "Esta lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve. Esto es morir a fuego lento". Dicha eficacia (que explicaría el supuesto mensaje recibido por Zapatero) abrió paso a la hipótesis de que la derrota política de ETA no sólo era posible, sino que ya se había producido en lo fundamental; que ya no había una estrategia que pudiera hacer avanzar el terrorismo; y que ello hacía verosímil un proceso de diálogo que escenificase la renuncia a la violencia.

Se trataba de una hipótesis arriesgada frente a la que era lógico oponer las experiencias anteriores. Sin embargo, el tiempo transcurrido sin víctimas mortales es un hecho que no se puede ignorar, ni explicar sólo por razones casuales. Tal vez haya una posibilidad, incluso si la propia ETA duda del camino a seguir, como demuestra la campaña actual de bombas, ensayo de lo que podría ser un futuro de prácticas mafiosas sin asesinatos. Pero lo seguro es que un sector del conglomerado, los políticos profesionales de Batasuna, sí saben que su futuro depende de que ETA se retire. Es incoherente considerar que todo es ETA y prescindir de ese factor.

Luego había razones para modificar ese aspecto de la política antiterrorista. Sería lógico que Zapatero intentase convencer de ello al PP. Es posible que de haber compartido reflexiones en el interior del Pacto no se hubieran cometido algunos errores ni surgido tantas resistencias. Porque sí es un buen argumento recordar que el respaldo del PSOE a quien tenía la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista fue decisivo para legitimar iniciativas como la ilegalización de Batasuna, sin la que la expectativa actual no existiría. Incluso es probable que sin el apoyo socialista y las enmiendas que pactó con el PP, la Ley de Partidos hubiera sido vista con sospecha por sectores influyentes de la población antes de rendir frutos, e incluso echada atrás por el Constitucional. Del mismo modo, el PSOE necesita ahora al PP para legitimar una operación tan arriesgada: no sólo ante las víctimas, sino ante una opinión pública que está más dispuesta a admitir concesiones políticas inasumibles por cualquier Gobierno democrático que a aceptar medidas de gracia para los terroristas.

Otro mal argumento, compartido por el PP y un sector de la opinión, es el expresado mediante la fórmula "ETA sólo cambia de táctica, no de objetivos", título de un reciente editorial de El Mundo. Por supuesto que no dejarán de reclamar la autodeterminación (como ERC o EA), pero si el cambio de táctica consiste en el abandono del terrorismo, sin contrapartidas políticas, ningún gobernante responsable podría dejar de hacer lo posible por facilitar ese tránsito. Tal era el fin último de la Ley de Partidos: no que renunciasen a sus objetivos, sino a imponerlos mediante el terror o la amenaza de utilizarlo.