La mayoría nacionalista del Tribunal de Cuentas decidió no auditar el 'plan Ibarretxe'

Los cuatro consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas elegidos por los partidos nacionalistas decidieron no incluir en el plan de auditorías para este año la fiscalización de todos los gastos que realizó el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe. La aprobación del plan de trabajo del máximo órgano fiscalizador vasco para este año generó un intenso debate entre los consejeros (tres propuestos por el PNV, incluyendo a la presidenta y el vicepresidente del tribunal, una por EA, dos por el PSE y el restante por el PP). Al final, el plan de trabajo fue aprobado con los votos de los miembros nacionalistas y del propuesto por el PP, y la abstención de los socialistas.

Esta abstención refleja el malestar que causó en los consejeros socialistas la decisión de eliminar una buena parte de las prioridades presentadas por la Comisión de Economía del Parlamento, institución de la que depende el Tribunal de Cuentas. La presidenta del órgano fiscalizador, María Asunción Macho, presentó al resto de miembros una lista cerrada con las auditorías a realizar. De ese listado se habían caído varias propuestas de la comisión, entre ellas la de mayor carga política, como la fiscalización de los gastos del plan Ibarretxe (ver EL PAÍS del miércoles) propuesta por el grupo socialista.

A partir de esa presentación se produjo el debate, que se prolongó durante varias horas. Dos fueron las cuestiones sobre las que giró fundamentalmente la discusión. Por una parte, se debatió sobre la falta de explicaciones a la Cámara de Vitoria de los motivos por los que se había decidido no auditar algunos temas, lo que algunos consejeros calificaron como un "desplante institucional". Y, por otro lado, se cuestionaron los criterios que se habían empleado para determinar qué propuestas entraban y cuáles no.

Aunque la Comisión de Economía envía prioridades al tribunal y la ley especifica que no se trata de obligaciones (sólo el pleno de la Cámara puede imponer auditorías), hasta el año 2003 se fiscalizaba prácticamente la totalidad de las propuestas. Esta tradición se rompió en el periodo que va de junio de 2003 a mayo 2004, coincidiendo con una baja tasa de actividad del Tribunal de Cuentas.

Debilitar el control

La renuncia a auditar los gastos del plan Ibarretxe ha llevado al PSE a presentar una proposición no de ley para que sea el pleno del Parlamento el que inste directamente al Tribunal a hacerlo. En caso de prosperar la iniciativa, el órgano fiscalizador no tendrá más remedio que acometer este trabajo. Sería la primera ocasión en que el pleno obliga al tribunal a alterar su plan de trabajo.

Entre 2002 y 2004, el Gobierno desarrolló numerosas acciones de difusión de la propuesta soberanista del lehendakari. El Ejecutivo reconoció un gasto de 400.000 euros en actos en Euskadi y en el extranjero para difundir el mensaje e incluso llegó a buzonear 800.000 folletos con un resumen del texto.

La parlamentaria socialista Joana Madrigal es la autora de la proposición y la que desde un principio defendió en la Comisión de Economía la inclusión de la auditoría. Madrigal recordó que el tribunal es un órgano que depende del Parlamento y que, si decide elaborar planes que no recogen, o lo hacen de manera parcial, las prioridades que le ha planteado, "no se estará cumpliendo adecuadamente con las tareas que tiene encomendadas". "Y la conclusión de todo ello", añadió Madrigal, "es que se estará queriendo debilitar la tarea de control que la oposición tiene y debe hacer a todo Gobierno. El Tribunal de Cuentas es un instrumento especial y especializado, pero no es un poder político en sí mismo".

El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 9 de enero de 1990 atribuye a la Comisión de Economía la legitimidad para aprobar las prioridades del órgano fiscalizador, pero, "ante las dudas vertidas sobre esta legitimidad por el tribunal", la parlamentaria del PSE decidió presentar la proposición no de ley. Frente al argumento del tribunal de que tiene una gran carga de trabajo y eso le obliga a renunciar a algunos trabajos sin que exista ninguna connotación política, Madrigal replica que sólo dedica un 51% de horas útiles anuales a trabajos de fiscalización, un 6% menos de las dedicadas en 2003.

Según Madrigal, "el bajo índice de horas productivas respecto a las horas disponibles de sus funcionarios conlleva que el plan de trabajo del Tribunal para 2006 reincorpore informes correspondientes a los planes de ejercicios anteriores". Es el caso, entre otros, de la contratación de EITB entre 1999 y 2003, el análisis de la financiación de las universidades 2000-2002, el plan de empleo de escuelas infantiles de Vitoria del año 2000, el análisis de las liquidaciones presupuestarias de las diputaciones de 2003 o la distribución funcional del gasto en la comunidad autónoma y en las diputaciones.