Las oficinas de garantías lingüísticas de la Generalitat registran 2.134 consultas en 2005

Las oficinas de garantías lingüísticas (OGL) de la Generalitat recibieron 2.134 consultas en su primer año de funcionamiento. De éstas, sólo 23 eran relativas al uso del castellano en ámbitos como la Administración pública, la atención al cliente en las empresas privadas y los servicios en establecimientos comerciales y de ocio. Precisamente el sector privado recibió 638 denuncias y las administraciones no registraron ninguna. Las oficinas se abrieron el 9 de febrero de 2005 para facilitar el uso social de la lengua catalana y el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística .

De un total de 2.134, la Generalitat recibió 2.110 consultas, quejas y denuncias sobre el derecho al uso del catalán en las administraciones públicas, empresas y establecimientos comerciales a través de las oficinas de garantías lingüísticas (OGL) a lo largo de 2005.

Sólo 23 eran relativas al uso del castellano y una al del aranés, según el balance de la actividad de las OGL en su primer año de funcionamiento, presentado ayer por el secretario general de Política Lingüística, Miquel Pueyo. Las demandas de información acerca de los usos lingüísticos casi triplicaron las recogidas en 2004, unas 800, por medio de otras vías previas a la implantación de las OGL.

Estas cinco oficinas -situadas en cada una de las capitales de las cuatro provincias catalanas, más otra en Tortosa- se pusieron en marcha el 9 de febrero de 2005 y se enmarcan en el Plan de Acción de Política Lingüística 2004-2005 impulsado por el Gobierno tripartito para potenciar y facilitar el uso social de la lengua catalana.

De los 2.134 asuntos sobre el uso lingüístico tramitados por las oficinas, se efectuaron 630 peticiones de información, 839 quejas y 646 denuncias, todas ellas identificadas. De las 23 consultas sobre el uso del castellano, tres eran relativas al sistema educativo, pero ninguna se registró como denuncia. La mayoría de las 20 restantes estaban relacionadas con la solicitud de impresos y formularios en castellano. La vicesecretaria general de Política Lingüística del Ejecutivo, Elvira Riera, aseguró que las solicitudes de información relacionadas con el castellano se atendieron "con el mismo rigor" que las que hacían referencia al catalán.

De todas las consultas atendidas, 639 se dirigían a las administraciones públicas, sobre todo a la Generalitat, aunque éstas no recibieron denuncia alguna. Pueyo atribuyó este fenómeno a que los ciudadanos ven la Administración catalana "mucho más cercana" que la estatal, que recibe muchas menos quejas o denuncias. En especial la de Justicia, ámbito en el que, según Pueyo, la ciudadanía "no se atreve ni a conocer sus derechos".

El sector privado -empresas y establecimientos comerciales, de hostelería y de ocio- sumó 1.303 consultas, casi todas referidas a la atención al público, señalización de rótulos, oferta de servicios como menús y cartas en bares y restaurantes, y documentación civil y mercantil. De todas ellas, 429 acabaron en denuncia.

Pueyo quiso subrayar que las oficinas "no quieren tener ni tienen" ningún tipo de voluntad de "policía lingüística". También aseguró que ninguna denuncia es anónima. Por su parte, Elvira Riera recordó que las OGL no tiene capacidad sancionadora, sino que se limitan a canalizar las denuncias hacia los organismos competentes, como la Agencia Catalana de Consumo o Inspección de Turismo. Riera dijo no saber si alguna denuncia acabó en sanción.