Bruselas abre el proceso para reformar la OCM del vino

La Unión Europea ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, tras el encuentro celebrado entre productores y sociedad en general junto con los representantes de la Comisión. Está previsto que Bruselas presente una comunicación sobre la reforma antes de junio y que para final de año haya una propuesta para su aprobación en el primer semestre de 2007.

En principio, los responsables de la Comisión no tienen una idea cerrada sobre la próxima propuesta de reforma. Sin embargo, en medios del sector existe el convencimiento de que puede haber una reforma diferenciada del resto de las OCM.

Según los datos manejados por el sector, existen muchas posibilidades de que en el caso del vino no se implante el sistema de pagos desacoplados o pago único como instrumento para evitar el abandono del cultivo. En medios agrarios se apuesta por una OCM muy específica, algo contra lo que, en principio, no se ha detectado una oposición en medios de la Comisión.

Para el presidente del Comité Consultivo del Vino, el español Manuel Sánchez Brunete, es posible aprobar una reforma con ligeras modificaciones para que la misma sea más eficaz, sin que ello impida a Bruselas cumplir con las exigencias que se deriven de los acuerdos que se cierren en la Organización Común de Mercado.

El sector agrario y Bruselas coinciden en la necesidad de una reforma que tenga menos medidas para la regulación de los mercados, pero impulsando una mayor política comercial.

Promoción exterior

La Comisión está dispuesta a desarrollar una política para la promoción del vino en los mercados exteriores, pero no en el mercado interior, donde solamente estaría dispuesta a realizar campañas informativas sobre el consumo de vino. Bruselas quiere simplificar los etiquetados en el vino diferenciando las denominaciones de calidad, pero ampliando el abanico de los demás vinos.

De acuerdo con los debates llevados a cabo, hay posiciones mayoritarias a favor de no liberalizar las plantaciones de viñedos en la UE. Sin embargo, se apoya una mayor flexibilidad a la hora de las transferencias de derechos entre regiones para que, en todo momento, quien quiera apostar por plantar lo pueda hacer. Igualmente, se defiende el principio de corresponsabilidad para el control de producciones.

El vino supone el 6% de las producciones agrícolas pero significa solamente el 3% de los gastos, con unos 1.400 millones de euros.