El Parlamento analizará la aplicación de una 'renta básica de ciudadanía'

El Parlamento creará una ponencia para analizar los diversos sistemas de renta básica de ciudadanía que existen en el mundo y analizar la posibilidad de su aplicación en la comunidad autónoma. Con ese concepto se trata de garantizar a todos los ciudadanos unos recursos económicos mínimos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de una persona, independientemente de que pueda obtenerlos por sus medios o no. En este primer caso no supondría entrega de dinero alguno por parte de la Administración, sino que tendría reflejo en la declaración del IRPF. "Se trataría de una nueva redistribución de la riqueza y de las rentas del trabajo", explicó ayer la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, que planteó la idea original. La oposición y los partidos del Gobierno transaccionaron ayer una iniciativa para crear una ponencia de la que salga la propuesta final. EHAK se abstuvo por estimar que se rebajará el planteamiento inicial del PSE.

La cuestión de la renta de ciudadanía es en España un debate todavía en ciernes fuera del ámbito académico. La ponencia del Parlamento analizará los diferentes modelos planteados en el mundo y sus implicaciones en los campos económico, fiscal y sociológico. Tras escuchar a los expertos, dicho órgano sopesará las bondades de cada sistema, incluido el de la renta de ciudadanía. Los partidos coincidieron en que se trata de un debate "muy profundo y adecuado", que servirá para redefinir el Estado de bienestar e instaurar la mejor fórmula para luchar contra la exclusión.

En la actualidad, en la comunidad autónoma funciona la renta básica, que consiste en una ayuda económica (el 87% del salario mínimo) que concenden las instituciones a las personas con menos recursos, a cambio de que se comprometan (por medio de los convenios de inserción) a buscar un trabajo. El objetivo es que no se instalen permanentemente en una situación de dependencia.