El Consejo Consultivo de la Xunta rechaza la obligación de saber gallego

El Estatuto de Galicia no puede ser reformado para imponer la obligación de conocer el gallego ya que incurriría en inconstitucionalidad, según un dictamen del Consejo Consultivo de la Xunta. Es una de las conclusiones del informe emitido por ese órgano, una especie de Consejo de Estado autonómico, a petición del presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, para servir como referencia en los trabajos sobre la reforma del Estatuto.

El informe fue entregado ayer por Pérez Touriño a la presidenta del Parlamento autónomo, Dolores Villarino, días antes de que en la Cámara se emprendan los trámites para poner en marcha el proceso de reforma del Estatuto. La solicitud de ese documento a un organismo cuyos miembros fueron designados por el anterior gobierno, del PP, parte de un empeño de Touriño, secundado con escaso entusiasmo por sus socios nacionalistas. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, se apresuró a advertir de que el dictamen de los "supuestos expertos" no puede "condicionar" el debate sobre la reforma. Touriño aclaró que el informe será una referencia que no interferirá en la "libre voluntad" de los partidos.

El informe es estrictamente jurídico, se atiene a una serie de cuestiones planteadas por el presidente de la Xunta y no discute asuntos polémicos, como la pretensión del BNG de definir a Galicia como nación. Los miembros del Consejo también advierten de que han limitado sus conclusiones al marco fijado por la Constitución, pese a que su reforma sea "una opción mayoritariamente demandada desde amplios sectores doctrinales".

Cooficialidad

El Consejo concluye que el Estatuto no puede incluir la obligatoriedad de conocer el gallego, como sí figura en el proyecto de reforma del Estatuto catalán y en la propuesta para Galicia presentada por el BNG. El informe señala que la Constitución, aunque consagra la cooficialidad de lenguas sólo establece la obligatoriedad de conocer el castellano. El Tribunal Constitucional, prosigue, excluye de ese deber a las otras lenguas.

Sin embargo, el dictamen acepta la obligatoriedad de que el gallego esté presente en la educación y se imponga a los empleados públicos, ya que así se "salvaguardaría el derecho de todos los ciudadanos gallegos a dirigirse en gallego a los poderes públicos de Galicia". El Consejo establece objeciones a la pretensión de blindar competencias exclusivas mediante la reforma estatutaria, pero considera constitucional la creación de un consejo constitucional autonómico.