La fatiga del Estatuto
El debate sobre el Estatuto de Cataluña ha causado no sólo un gran desgaste al Gobierno y a los partidos políticos, sino un cierto hartazgo en la ciudadanía. Así se desprende del barómetro de opinión que publica hoy EL PAÍS, realizado después del acuerdo global que cerraron la semana pasada el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, y que fija en sólo un punto la ventaja del PSOE sobre el PP (41% frente a 40%). Esa diferencia es exactamente la misma que en noviembre pasado. Pero es bastante menos que los seis puntos que recogía la anterior encuesta de este diario en septiembre, antes de la recta final para la reforma del Estatuto. El sondeo revela una fuerte polarización entre el electorado del PP y los demás partidos, a la par que suspende a todos los líderes, incluido Zapatero.
Los resultados muestran una cierta contradicción. El hecho de que el trabajo de campo se realizase antes de que los ciudadanos conozcan con detalle el texto final puede haber contribuido a ello. Las reformas estatutarias no están entre las máximas prioridades de los ciudadanos, que las sitúan como un problema bastante menos importante que el paro, la inmigración o el terrorismo, según el barómetro de diciembre del CIS. Esto no quita para que las consideren necesarias (48,4% frente a 35,6%) o incluso para que valoren positivamente el acuerdo logrado entre Zapatero y el líder de CiU, como recoge la encuesta.
Sin embargo, resulta muy significativa la percepción de cautela y prejuicio que despierta todo el proyecto. Existe una corriente mayoritaria que piensa que se ha ido demasiado lejos en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la inclusión del término "nación" en el texto, aunque sea sólo en el preámbulo. Tampoco la mayor autonomía del sistema de financiación logra un respaldo mayoritario. Y también son más los que opinan que no encaja en la Constitución (41,5%) que los que creen lo contrario (31,9%). Sin embargo, el porcentaje de los que opinan que la reforma supone una amenaza para la unidad de España ha caído 10 puntos desde octubre pasado. Entonces, un 53,2% de los encuestados era de esa opinión. Ahora, sólo el 43,7% sostiene esa idea, mientras que la mayoría, el 47,4%, opina que tal peligro no existe.
A juzgar por estos resultados, el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo para explicar a la ciudadanía los efectos positivos de la reforma y apoyar las reivindicaciones de otras comunidades en busca de mejoras en sus propios estatutos, especialmente en la financiación. Más de la mitad de los interrogados estima que Zapatero no ha gestionado bien el proceso. Lógicamente, no piensan lo mismo los encuestados catalanes, que en general opinan que tanto el proceso como el resultado final han sido muy positivos no sólo para Cataluña, sino también para el resto de España. Curiosamente, el PP tampoco sale bien parado. Los encuestados critican su estrategia de choque y su iniciativa de recoger firmas para convocar un referéndum en un gesto que no se ajusta a la Constitución. La política de bronca de su líder, Mariano Rajoy, tampoco gusta.
