Andalucía deberá pagar cuatro millones a una aceitera por la retirada del orujo

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a pagar 3.986.053 euros a la empresa extractora de aceite de orujo Hijos de Espuny, con sede en Osuna (Sevilla), debido a las pérdidas de la compañía como consecuencia de la alarma sanitaria decretada en julio de 2001 por el Ministerio de Sanidad. La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, es la tercera que da la razón a los orujeros desde la crisis del benzopireno, aunque en los próximos meses podrían llegar más en el mismo sentido.

En la resolución, la sala estima que el Ministerio de Sanidad se basó para decretar la alerta en una noticia aparecida en un diario checo (que aludía a la posibilidad de células carcinógenas en varias marcas de orujo español) al que considera un medio "carente absolutamente de rigor científico alguno" y sin descartar que "fuera una noticia interesada por razones comerciales".

Sin embargo, diferentes pruebas periciales aportadas por la orujera sevillana dejaban de manifiesto, según el tribunal superior andaluz, que los compuestos cancerígenos se encontraban presentes en otros muchos alimentos -en algunos en concentraciones muy superiores-, lo que "hace abrigar dudas más que razonables sobre la idoneidad de la urgencia de la alerta alimentaria". También quedó probado que los aceites de orujo inmovilizados cumplían las autorizaciones y controles exigidos en la normativa vigente.

Alerta "poco rigurosa"

La sala establece que el derecho de las autoridades a tomar medidas preventivas para la salud humana en el marco de la libre circulación de mercancías "está lejos de quedar justificada, y a la postre legitimada" con la incertidumbre y el posible riesgo para la salud, habiéndose utilizado por parte de la Administración el principio de precaución "de forma ligera y poco rigurosa".

El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo, Fernando Muñoz, señaló ayer que el fallo pone de manifiesto que la decisión de las autoridades sanitarias fue "un despropósito", toda vez que "se ha demostrado que no había argumentación científica, ni riesgo para la salud". Se trata de la tercera sentencia que da la razón a los orujeros tras la crisis del benzopireno, dos de ellas del TSJA y la otra del Tribunal Superior de Madrid.

La resolución llega en un momento en el que el sector está recuperando el mercado perdido tras la crisis del benzopireno. Fernando Muñoz, el presidente de la asociación que agrupa a 50 fábricas extractoras de orujo, la mayoría de ellas en Andalucía -el 40% de la producción anual se concentra en Jaén-, estima que el sector ha recuperado ya en torno al 60% de sus ventas, que estaban situadas en unas 100.000 toneladas anuales.