Justicia considera que no hay "perjuicio irreversible"

El abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají reclamará hoy en la sesión pública a la Audiencia Nacional que levante la medida cautelarísima que suspendió el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca alegando que no habrá "perjuicio irreversible ni daño irreparable" si la entrega a la Generalitat se produce.

El abogado del Estado alegará que los documentos van a ser trasladados del patrimonio español a otro archivo que también es de patrimonio español, y que ningún documento es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó a un grupo de periodista que cubre su viaje a Chipre y Malta las líneas directrices del informe del abogado del Estado que desarrollará hoy ante la Sección Séptima de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. López Aguilar indicó que el Archivo de la Guerra Civil es español y por tanto plenamente disponible para el legislador que ha reconocido el derecho de la Generalitat para custodiar unos documentos que fueron aprehendidos tras la contienda.

El ministro añadió que se pedirá a la Audiencia Nacional la sujeción a la ley que prevé el traslado de los documentos en un plazo de tres meses, que vence el 19 de febrero. López Aguilar explicó que la suspensión en la aplicación de una ley sólo puede hacerse cuando exista perículum in mora, o peligro en la tardanza. Es decir, cuando se produjese un perjuicio irreversible o un daño irreparable con el traslado de los documentos a Cataluña.

El abogado del Estado puntualizará que no existe ese peligro porque incluso en el caso de que hubiera algún documento de los que han sido embalados que no perteneciera al conjunto de los documentos inventariados, siempre sería posible su restitución a Salamanca, y no hay razones para sospechar que una Administración pública como la Generalitat no colaboraría en el caso de que la Audiencia Nacional ordenase una devolución.

López Aguilar indicó que entre los documentos del Archivo no hay ninguno que tenga por destino a particulares, aunque puedan pertenecer a particulares. El ministro insistió en que son documentos "identificados, inventariados, y de su custodia responde el Estado". Además, dijo que el objetivo de la ley es poner los documentos a disposición de la Generalitat, "no que se queden en Madrid". Por tanto, la medida de la Audiencia Nacional está impidiendo el cumplimiento de una ley.

Por otra parte, dijo que la Audiencia Nacional sólo tiene competencia frente a un acto administrativo -que en este caso sería de la ministra de Cultura, Carmen Calvo-.

Añadió que el Ayuntamiento de Salamanca no puede ser sujeto en este proceso porque no están afectados sus derechos, ya que los documentos no son propiedad del Ayuntamiento y están en dependencias del Patrimonio Histórico Español.