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POLÉMICA POR LOS DOCUMENTOS DE LA GUERRA

El complejo futuro del Archivo de Salamanca

La paralización de la devolución de los documentos a la Generalitat despierta viejos fantasmas

Salamanca
La Audiencia Nacional paralizó el viernes el envío de la documentación de la Generalitat que había salido el jueves del Archivo de Salamanca con destino a Cataluña. Se trata de una decisión excepcional que ha paralizado la ejecución de una ley al admitir a trámite una medida cautelarísima solicitada en un recurso por el Ayuntamiento de Salamanca, que argumentaba que el traslado se había realizado prescindiendo del procedimiento previsto para ello. La medida se mantendrá por lo pronto hasta el martes, donde habrá una vista en que los representantes del Ayuntamiento y del Ministerio de Cultura expondrán sus motivos. Mientras tanto, los debates sobre el futuro del Archivo vuelven a primer plano.

En una cámara acorazada del Ministerio de Cultura, en Madrid, 500 cajas de documentos incautados a la Generalitat durante la Guerra Civil aguardan una decisión de la Audiencia Nacional para seguir viaje hacia Barcelona o regresar al lugar de donde han salido. Constituyen sólo el 2% de los tres kilómetros de documentos, fichas personales, carnés, fotos, cartas, expedientes, juicios sumarísimos o actas de funcionamiento de logias masónicas que atesora el Archivo General de la Guerra Civil, enclavado en el corazón de Salamanca, a la espalda de la catedral. Fue creado en abril de 1937, cuando Franco instaló en esta ciudad su cabeza de mando y se denominó, en un principio, Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista. Durante toda la guerra, este organismo reunió información sobre el otro bando según iba conquistando terreno el ejército franquista. Con dos objetivos: reprimir a los vencidos. Y custodiar su memoria.

En las 500 cajas hay actas de sesiones del Gobierno de la Generalitat

La ley aprobada por el Parlamento el 18 de noviembre alude expresamente el derecho de las instituciones de la Generalitat a "recuperar su memoria histórica" y por tanto a "la restitución de su archivo institucional". En las 500 cajas que ahora duermen en la cámara acorazada hay actas de sesiones del Gobierno de la Generalitat entre 1932 y 1936, o correspondencia entre Francesc Macià y Lluís Companys. La ley también habla de la creación, un año después de que ésta haya entrado en vigor, de un Centro Documental de la Memoria Histórica, que tendrá sede en Salamanca y en el que se integrarán los fondos del actual Archivo de la Guerra Civil Española.

Esta ley que permite que esa parte del alma institucional catalana regrese a su tierra puede acarrear la desintegración del Archivo a juicio de varios expertos, historiadores y archivistas vinculados a esta institución salmantina. O por lo menos, su reducción a la mitad. Estos mismos expertos aseguran que a las 500 cajas en menos de un año le seguirán otras 1.500, solicitadas ya por la Generalitat de Cataluña. Y que a éstas le seguirán otras a diferentes partes de España.

El Ministerio de Cultura prefiere no pronunciarse sobre este asunto hasta que la Audiencia Nacional no decida el destino de las 500 cajas inmovilizadas en Madrid. De cualquier forma, fuentes cercanas al Ministerio aseguran que éste no tiene previsto ordenar el traslado de estas otras 1.500 cajas.

Una las personas que participaron en el comité que elaboró el dictamen previo a la ley, el catedrático de Historia y Premio Nacional de Ensayo José Álvarez Junco, recuerda que los juristas miembros del citado comité "ya alertaron sobre la dificultad de que se aceptara devolver documentos a una comunidad autónoma y se los negara a otra que los solicitara". El senador del PNV Iñaki Anasagasti ya ha asegurado que el Gobierno vasco reclamará los papeles que duermen en el Archivo General de la Guerra Civil relativos a Euskadi. Sin embargo, Tomás de la Quadra Salcedo, ex ministro de Justicia con el PSOE entre 1991-1993 y también miembro del comité asegura que sólo Cataluña tiene derecho a esa reclamación porque "existe una continuidad jurídica entre la Generalitat de la República y la actual, circunstancia que no se da con el Gobierno vasco".

Otro miembro de este comité, que prefiere guardar el anonimato, va más allá: "La ley aprobada permite cosas que no aconsejaba el dictamen que aprobamos los expertos. Nosotros estábamos de acuerdo con que se devolvieran esas 500 cajas a la Generalitat, porque es justo, dado que son papeles del Gobierno catalán, y porque eso no ponía en peligro el Archivo. También que se devolvieran documentos particulares (cartas, carnés...) a sus dueños o a sus herederos. También eso es de justicia y tampoco, dada su cantidad, ponía en peligro la integridad del Archivo. Pero no estábamos de acuerdo con que se devolvieran documentos a sindicatos, partidos políticos o entidades parecidas. Eso significará la desintegración de este Archivo", añade.

El Archivo General de la Guerra Civil contiene, además de las 500 cajas entregadas, casi 2.000 más de documentos relativos a instituciones catalanas: partidos políticos, sindicatos, agrupaciones y papeles particulares que, a juicio de un tercer experto miembro del comité, serán reclamados por la Generalitat en menos de un año: "La ley se lo permite". Luego explica, refiriéndose a documentos concretos que, por ejemplo, "el POUM, que es una persona jurídica de carácter privado, tiene mucha documentación, y todo eso será reclamado por Cataluña". "Y, de acuerdo a la ley, se le tendrá que entregar. Después, como esta institución no existe ya, pues se quedarán en Cataluña". La Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León cifró ayer en un 50% la cantidad de documentos que perderá el Archivo a menos que lo evite el Tribunal Constitucional, informa Aurelio Martín. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Ángel Villalba, expresó su respeto a la decisión judicial de la Audiencia Nacional y dijo, informa Efe, que le parece bien que se verifique el contenido de las cajas sacadas del Archivo.

La inquietud por la salida de un volumen de documentos que acabe con el Archivo se genera también por el párrafo de la ley que permite a "las comunidades autónomas que lo soliciten (...) la restitución de los documentos (...) de las personas naturales o jurídicas de carácter privado".

Símbolo de la represión

La salida de las 500 cajas, efectuada la madrugada del jueves, y el previsible traslado de más documentación, ha dolido y duele en Salamanca. Uno de los miembros de un tertulia de la plaza Mayor, enfadado con el ministerio, exclamó ya cuando se iba para casa: "Por cada caja, por lo menos, que nos pongan un kilómetro de carretera, que falta hace".

Entre los más beligerantes se cuenta el alcalde, Julián Lanzarote, del PP, opuesto a que se pierda ni una sola hoja del archivo, y que ha convertido el traslado de las cajas (él lo denomina "expolio a sangre y fuego") en una bandera política de gran repercusión. Ayer redactó un bando incendiario y del balcón del Ayuntamiento cuelga desde hace semanas una pancarta que utiliza la máxima unamuniana de "venceréis pero no convenceréis". También hay ciudadanos nada exaltados, como el catedrático de Historia Contemporánea Manuel Redero, que aceptan que la Generalitat se lleve los documentos que encierran esas 500 cajas. "Se los teníamos que haber ofrecido nosotros; y también ofrecer los suyos a los particulares que tienen aquí cartas de sus familiares. Pero luego habría que haber negociado para que el resto del archivo, tal y como está ahora, se quede entero para siempre aquí, porque es un símbolo de la represión franquista; después de 60 años, esos papeles son el símbolo de la represión, y, si se llevan muchos, aunque dejen fotocopias, no lo seguirá siendo: no se pueden hacer símbolos así con fotocopias", afirma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de enero de 2006

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