Tranquilidad en la Generalitat ante la paralización del retorno de los legajos

"Estamos muy tranquilos y confiamos en la justicia. No nos dejaremos provocar. Hemos cumplido la ley con extremo rigor". Con estas palabras, la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Caterina Mieras, quiso ayer por la mañana expresar la calma que se respira en el Gobierno catalán ante la decisión, anteanoche, de la Audiencia Nacional de paralizar en Madrid hasta el próximo martes la salida hacia Barcelona de los papeles del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Miera se mostró confiada en que los legajos serán devueltos. "Regresarán a Cataluña, es de justicia", dijo.

"Estamos convencidos de que en breves días los papeles estarán en el Archivo Nacional de Cataluña", aseguró Caterina Mieras, y añadió: "Si no es el lunes, será el martes o el miércoles. Sabemos que nos ampara la ley y seguiremos trabajando con paciencia, serenidad, rigor y firmeza".

Las 500 cajas con legajos pertenecientes a la Generalitat republicana retenidas ahora en Madrid son sólo la primera parte de la documentación aprehendida por los fascistas con fines represivos y que la ley aprobada por el Parlamento, el pasado 3 de noviembre, establece que deben retornar a Cataluña. En su articulado, se afirma que el Estado transferirá también al Gobierno catalán "los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado". El volumen de esta documentación, que actualmente se está clasificando en el Archivo de Salamanca, se estima que es el triple de la que el pasado jueves salió de Salamanca. La restitución de estos documentos y objetos "deberá ejercitarse en el plazo de un año a partir del día siguiente a la notificación del acto de identificación a quienes puedan resultar legítimos titulares", según la ley.

La consejera de Cultura, quien aseguró ayer que el departamento que dirige está en "permanente contacto con el Ministerio de Cultura", explicó que los servicios jurídicos de la Generalitat se pondrán mañana a disposición del Gobierno español para colaborar, aunque recordó que "la iniciativa jurídica" de este caso corresponde a la Administración central. Calificó el recurso del Ayuntamiento de Salamanca como "un paso más en la estrategia del PP para enfrentar territorios y obstaculizar el cumplimiento de la ley", y recordó que ésta fue aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos políticos a excepción del popular.

En relación a la exposición sobre la reclamación de los papeles de Salamanca que la Generalitat tiene previsto inaugurar el próximo miércoles en el Palau Moja de Barcelona, coincidiendo con la llegada de los fondos, Mieras señaló que "no hay motivo" para cambiar la fecha. "Seguimos pensando en inaugurarla el 25 de enero, pero si no fuera el 25, será el 1 de febrero", matizó. "No tenemos prisa, empezamos el proceso en 1977 y sabemos que ahora estamos al final del trayecto". Sobre las declaraciones de representantes de la Junta de Castilla y León acerca de una presunta falta de rigor en la selección de los documentos, la consejera de Cultura manifestó que "la ley es clara y específica, y la hemos cumplido de forma escrupulosa".

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, llamó ayer también a la tranquilidad, "porque el martes, la Audiencia Nacional no tiene otro remedio que dar el visto bueno al retorno de los papeles", dijo. El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó que no entendía la medida cautelar, aunque matizó que respetaba las decisiones judiciales. Duran i Lleida aprovechó para pedir a todos los grupos parlamentarios catalanes que votaron la ley de devolución que se personen ante la Audiencia Nacional "para que sean oídos en defensa de los intereses legítimos del retorno de estos documentos".

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, y la portavoz de ICV, Dolors Camats, coincidieron en calificar de "pataleta" la actitud del Ayuntamiento de Salamanca con respecto a los legajos. Por su parte, el presidente del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué, defendió el "derecho" de ese municipio "a utilizar todos los recursos que le da el Estado".

La Comisión de la Dignidad, integrada por medio millar de personalidades de la cultura y el mundo académico y que ha reivindicado en los últimos años la devolución de los documentos, consideró ayer "desproporcionada" la medida tomada por la Audiencia Nacional.