Toda la oposición rechaza la Ley de Aguas y obliga al Ejecutivo a negociarla

Los tres grupos de la oposición (PSE, PP y EHAK) han presentado sendas enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Aguas, lo que obligará al Gobierno a hacer concesiones en su negociación si quiere sacar adelante una de sus iniciativas estrella para esta legislatura. Cuando acaba de expirar el plazo para presentar enmiendas, que fue ampliado dos veces, el proyecto ha recibido las tres enmiendas de totalidad y otras 240 parciales al articulado.

Los grupos del tripartito van a tener ahora un complicado trabajo en las negociaciones con la oposición, dado el rechazo frontal que ha generado el proyecto en socialistas, populares y EHAK. Tan sólo Aralar, que cuenta únicamente con una parlamentaria, no ha enmendado el texto a la totalidad.

El debate debe sustanciarse en la Comisión de Ordenación del Territorio. Su presidenta, la socialista Gemma Zabaleta, es partidaria de que las enmiendas de totalidad se voten de forma conjunta como devolución del texto al Gobierno y no por separado, lo que hubiese dado más posibilidades al Ejecutivo de salvar este trámite y seguir adelante con la discusión de las enmiendas parciales.

El rechazo del PSE se debe a que el texto se disfraza con criterios medioambientales, cuando su articulado "va dirigido fundamentalmente a la obra pública, a la infraestructura hidráulica". Según los socialistas, la iniciativa elaborada por el Departamento de Medio Ambiente "protege a la obra pública y no al recurso natural como tal". Además, reprochan a la consejería el modelo de gestión que plantea para la Agencia Vasca del Agua, un organismo que aunará las actuales competencias del Ejecutivo y de las tres diputaciones, y critican que el canon ecológico previsto en el proyecto queda vacío de contenido debido al elevado número de exenciones que recoge.

EHAK ha presentado, además de la enmienda de totalidad, otras 52 al articulado en las que alude a aspecto nucleares del proyecto, como la Agencia o el tributo ecológico.El PP es la formación que se ha pronunciado de forma más radical contra el proyecto. Los populares acusaron ayer al Gobierno de querer cobrar a los ciudadanos "dos veces" por el consumo del agua al introducir en el texto la figura del canon ecológico. La parlamentaria del PP Esther Martínez advirtió de que si la ley es aprobada finalmente con la inclusión de dicho tributo su partido promoverá un recurso de inconstitucionalidad al entender que el Ejecutivo vasco se excede en sus competencias.

Martínez recalcó que al dinero procedente de la recaudación por ese tributo ecológico, que se ha fijado en seis céntimos de euros por metro cúbico de agua consumido, habría que sumar el impuesto que ya se paga por el saneamiento. En este caso, "los vizcaínos pagarían este año un 20% más en la tasa de saneamiento", protestó la parlamentaria. "Eso es un caso clarísimo de doble imposición que está expresamente prohibida en nuestro país".

Además, alertó de que el proyecto pretende que competencias que actualmente están en manos de las tres diputaciones y de los ayuntamientos pasen a ser gestionadas por el Ejecutivo a través de la Agencia Vasca del Agua. "Quiere [el Gobierno] abolir el régimen foral a golpe de legislación", concretó.

Aunar competencias

El proyecto de Ley de Aguas fue aprobado por el Gobierno el pasado octubre y remitido al Parlamento en noviembre. Se trata del mismo texto aprobado por el Ejecutivo la legislatura pasada, que quedó paralizado en la Cámara tras presentar las Juntas Generales de Álava un conflicto de competencias que resolvió la Comisión Arbitral a favor del Ejecutivo.

Aquel conflicto dejó varado el proyecto varios meses y cuando al final se desbloqueó ya no hubo tiempo para seguir su tramitación al disolverse de manera anticipada la Cámara por el adelanto de los comicios. Tras perder Álava la disputa, el proyecto fue nuevamente aprobado con la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH), que resta competencias a las diputaciones en favor de la futura Agencia Vasca del Agua.

La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, de Eusko Alkartasuna, ha presentado el proyecto como "moderno y ambientalista" y confía en que salga mejorado tras su paso por el Parlamento, donde de momento, se va a encontrar con una fuerte oposición.

El texto actual establece que la Agencia Vasca del Agua, un organismo público de nuevo cuño que se regirá por el derecho privado, aunará las competencias que hasta el momento desempeñaban en exclusiva las diputaciones en apartados como la planificación y la gestión de los recursos hídricos.

Éstas son las principales claves del proyecto:

- Canon ecológico. Es un tributo nuevo al que obliga la legislación comunitaria y que será aplicado en toda la Unión Europea. Aunque resulta novedoso en España, ya viene siendo aplicado en algunos países europeos. Se trata de un tributo de ámbito autonómico destinado a "reparar los daños ambientales" que la extracción, uso y contaminación del agua causa en el medio natural. Su cuantía se ha establecido en seis céntimos de euro por cada metro cúbico de agua consumido. Está previsto que se recaude en la factura correspondiente por las entidades suministradoras y que el dinero obtenido será gestionado por la Agencia Vasca del Agua. El Gobierno espera recaudar entre 13 y 15 millones de euros cada año por este concepto, que destinaría a obras medioambientales.

- Agencia Vasca del Agua. Es un ente público de derecho privado, dependiente del Departamento de Medio Ambiente. Reúne las competencias en materia de aguas de todas las administraciones vascas. Se encargará de las obras hidráulicas que no sean de interés general del Estado, la planificación hidrológica, gestión de autorizaciones y concesiones, inspección, control y sanciones. En su consejo de administración estarán representadas de forma paritaria todas las instituciones públicas con competencias. Además de la estructura directiva, contará con un consejo consultivo en el que tendrán cabida diversos sectores sociales, como los ecologistas y consumidores.

- Contador. El proyecto de ley obliga a todos los consumidores a utilizar un contador o sistema análogo para detallar el consumo del agua. La medida afecta especialmente a las explotaciones agrarias y algunas industrias que tomaban el agua directamente de los ríos o de las fuentes.