LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN

El Gobierno y los partidos catalanes afrontan la recta final de la negociación con expectativas de acuerdo

La financiación se presenta ya como el único obstáculo serio para lograr el pacto tras los avances de las últimas semanas

El Gobierno central y los partidos catalanes -CiU, PSC, ERC e ICV- encaran la recta final de la negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña con expectativas de acuerdo. A lo largo de la próxima semana abordarán ya los últimos aspectos conflictivos aún por resolver, como la denominación de Cataluña, las infraestructuras, la inmigración y, sobre todo, la financiación, que es el punto clave que queda por desatascar de la negociación. Tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como los partidos catalanes no descartan que la próxima semana pueda cerrarse un acuerdo político o, al menos, lo van a intentar. Las unánimes expectativas de pacto radican en la voluntad política de todas las partes de que se produzca, más allá de los recelos existentes entre los partidos catalanes, que contribuyen a complicar y alargar la negociación.

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La Moncloa contempla con prudente optimismo la recta final porque valora que en las semanas precedentes de negociación los partidos catalanes han manifestado la voluntad de asumir que el texto que ha llegado al Congreso de los Diputados procedente del Parlamento de Cataluña se ajuste plenamente a la Constitución. En las negociaciones, el Gobierno ha respetado la estructura del Estatuto y su extensión, con sus largos capítulos sobre derechos y deberes y de competencias, limando sus aspectos más conflictivos.

Igual confianza en el pacto albergan las formaciones catalanas ERC, CiU e ICV, que ven como, poco a poco, los socialistas flexibilizan sus rígidas posiciones iniciales. No obstante, evitan cantar victoria hasta que se cierre un pacto sobre la financiación. Entonces, aseguran, no habrá ya marcha atrás.

- Derechos históricos. El Gobierno quiere limitar su fuente de legitimidad a cuestiones relacionadas con la lengua y la cultura, aunque no está descartada la introducción de una disposición adicional similar a la del Estatuto de Aragón, como recoge el proyecto.

- Derechos y deberes y justicia. El Gobierno admite el texto de derechos y deberes, pero sin originar nuevas competencias, excepto en lengua, que se ajusta a la legislación autonómica de 1998. En justicia, han pactado una amplia descentralización del poder judicial que se desarrollará a través de una ley orgánica, ahora en trámite. Todas las formaciones acordarán las enmiendas a presentar.

- 150.2 de la Constitución. Otra cuestión conflictiva desactivada es la disposición adicional que establecía la cesión de ocho competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas por la vía del artículo 150,2 de la Constitución. Lo mismo ha sucedido con la supresión de varias leyes orgánicas. No obstante, el Gobierno ha cedido en su negativa de traspasar la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general.

- Bilateralidad y consultas. El conflictivo asunto de la "abusiva bilateralidad" que recogía el Estatuto ha quedado zanjado con un reconocimiento de "la multilateralidad". El Gobierno insiste en mantener la competencia de convocar consultas populares por las "reminiscencias del plan Ibarretxe".

- Participación institucional. El Gobierno ha asumido la pretensión del Estatuto de Cataluña de participar en las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial...), aunque las ajustará a las normas de cada institución.

- Acción exterior. En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, el texto incorpora los últimos acuerdos del Gobierno con las comunidades autónomas que permiten su participación en el Consejo de Ministros de la Unión así como en otros organismos. También incorpora la acción exterior, con la participación de las comunidades en reuniones transfronterizas así como en actuaciones ministeriales que afecten a la comunidad. Este capítulo podría pactarse esta semana, aunque los partidos catalanes confían en obtener mayores concesiones del PSOE al considerar que recorta sobremanera las demandas del proyecto estatutario.

- Competencias. El Gobierno, con la revisión de los artículos 110, 111 y 112 del Estatuto, asegura que no ha aceptado el llamado "blindaje" de competencias que fijaba el Estatuto, lo que sí creen los partidos catalanes. Coinciden en que se ha restringido la "actuación abusiva" del Estado, con la invasión de competencias autonómicas.

Aprobado el esquema competencial, los negociadores lo cerrarán la próxima semana en su detalle, con aspectos muy importantes como la inmigración, cajas de ahorros y Seguridad Social, sobre la que el Gobierno mantiene como irrenunciable la caja única y la unidad de mercado.

- Preámbulo y nación. El preámbulo del Estatuto, del que el Gobierno considera que emana "excesivo aroma nacionalista", se revisará en la parte final de la negociación, que también abordará el término nación. El Gobierno sólo lo aceptará en el preámbulo, sin rango normativo. Aunque las formaciones catalanas se han conjurado en mantenerlo en el cuerpo del proyecto, podrían, en último momento, pasarlo al preámbulo.

- Financiación. Es el capítulo crucial pendiente de cerrar. El Gobierno estima que los partidos catalanes han dado un paso importante al asumir el principio de que el Estado mantendrá su presencia fiscal en Cataluña, algo que no figuraba en el pretendido nuevo Estatuto. Ahora quedan por acordar la fórmula de agencia tributaria -el cuatripartito exige una agencia única-, la capacidad normativa y los tramos de impuesto transferidos. Los tres partidos de izquierda y CiU rechazan por poco ambiciosa la oferta del Ejecutivo, que limita al 50% el traspaso del impuesto sobre la renta.

Montilla, Maragall, Zapatero y Carod Rovira, en la toma de posesión del presidente del Generalitat.
Montilla, Maragall, Zapatero y Carod Rovira, en la toma de posesión del presidente del Generalitat.SUSSANA SÀEZ

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de enero de 2006.

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