Quién gana y quién pierde con el nuevo Estatuto

Los grandes perdedores de un fracaso de la negociación del Estatuto de Cataluña serían el Gobierno tripartito, presidido por Pasqual Maragall; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su implicación para que lo aprobara el Parlamento de Cataluña, y el PSOE. En menor medida lo sería CiU y sólo el PP rentabilizaría el descalabro de los demás.

Ni el Gobierno ni los partidos catalanes saldrían políticamente indemnes del fracaso del Estatuto después de casi dos años de agotadoras negociaciones. La reforma estatutaria nació de una reivindicación de la izquierda catalanista frente al Gobierno del PP y el ahora presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a tramitarla y aceptarla si llegara al poder. El Estatuto es pues una apuesta estratégica a ambos lados de la mesa negociadora.

CiU quiere sentar las bases para una mayor implicación en un Gobierno con el PSOE

Por tanto, con la aprobación de la reforma ganan todos. Zapatero daría un paso sustancial hacia la consecución de su proyecto territorial -bajo el espíritu de la España plural-, marcando los límites del autogobierno para futuras reformas estatutarias y, sobre todo, para encarar con mayor autoridad y más argumentos políticos la reforma del Estatuto vasco, tras el rechazo del plan Ibarretxe.

Pasqual Maragall, aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano en las negociaciones, podría capitalizar en mayor medida en Cataluña el éxito de la reforma, lo que le reforzaría como candidato a conseguir la reelección en las próximas autonómicas.

Desde la pasada legislatura catalana, todavía en la oposición, Maragall ambicionó y se comprometió a aprobar un nuevo Estatuto, que, junto a las reformas sociales, ha convertido en eje de su mandato. Maragall apuesta por agotar la legislatura -frente a una CiU deseosa de adelantar las elecciones tras la aprobación del Estatuto en las Cortes- y disponer así de más tiempo para impulsar su programa social.

Las formaciones del tripartito, por su parte, también han sido actores principales de esta reforma y, sin duda, así lo podrían reivindicar ante su electorado.

Convergència i Unió, ahora en la oposición en Cataluña y con mermada influencia en el Congreso, no sería especialmente beneficiaria de ese triunfo. Por ello, sus dirigentes persiguen a toda costa ganar protagonismo en la negociación y, como en Cataluña, aparecer a última hora como los salvadores de la reforma, que sin su concurso haría aguas. Pero la apuesta de CiU es sobre todo estratégica. Los convergentes piensan ya en la próxima legislatura y quieren obtener una especie de contrato de arras en Madrid que les abra la puerta a una mayor implicación en un futuro gobierno socialista. En esta estrategia se impone moderar los excesos soberanistas que CiU exhibió durante la negociación del Estatuto en Cataluña.

Conscientes de que el rédito electoral será mutuo, todos los partidos catalanes luchan por aparecer ante el electorado como los auténticos defensores de los intereses catalanes, lo que ha despertado suspicacias y rivalidad entre ellos. En especial, entre CiU y Esquerra Republicana, que compiten por un acotado espacio nacionalista. La insistencia del PSOE por primar las reuniones bilaterales tampoco ha ayudado a establecer un clima de confianza entre partidos.

Todo ello ha provocado una excesiva lentitud en la toma de decisiones que alarga, para desazón del PSOE, un debate mediático y ciudadano pernicioso para sus intereses. De ahí sus presiones para forzar un acuerdo para el día 21, cuando se reúna el comité federal del PSOE, y poder así acallar las voces críticas de los barones, en especial la del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aplacada parcialmente tras el encuentro que Zapatero mantuvo con todos ellos el martes en La Moncloa.

Zapatero y el PSOE necesitan zanjar el debate estatutario cuanto antes y con éxito para que aflore mediáticamente su política de reformas sociales. Pero un éxito negociador también supondría para Zapatero patentar, a los 25 años de aprobación de los primeros estatutos, un proceso de reformas que supondrá más autogobierno para las autonomías y su adaptación a la nueva realidad española.

Si triunfa este modelo lo podrá contraponer con éxito frente al modelo confederal del soberanismo nacionalista, cuya expresión más clara fue el plan Ibarretxe, y el inmovilismo del PP. Y supondrá un avance ideológico para la izquierda en su pretensión de combinar los retos de la solidaridad con la identidad.

También hará olvidar el clima de tensión política generado en España por este debate, pero que se fue generando con anterioridad en Cataluña, bajo la forma de agravio político y económico, durante la mayoría absoluta de José María Aznar. La pretensión de Zapatero es que el nuevo modelo sirva para una o varias generaciones.