La ley más ambiciosa

La memoria económica, conocida ayer, del anteproyecto de la Ley de Dependencia, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre, y las precisiones ofrecidas estos días por el ministro Jesús Caldera parecen avalar esa iniciativa legislativa, llamada a tener una fuerte incidencia en la vida cotidiana de muchos españoles: en la de los cientos de miles de beneficiarios directos, especialmente ancianos y sus familias, pero también en la de los miles de personas que encontrarán trabajo en los nuevos servicios de asistencia.

El Sistema Nacional de Autonomía Personal que desarrollará la ley a partir de 2007 (y que no estará plenamente desplegado hasta 2015) garantizará una docena de servicios (residencias, asistencia domiciliaria, ayudas diversas) destinados a mejorar la calidad de vida del millón largo de personas que no pueden valerse por sí mismas. Se ha optado por un sistema mixto de financiación. Los usuarios contribuirán en una medida proporcional a sus ingresos y patrimonio, y el resto lo pagarán a partes iguales el Estado y las comunidades autónomas, lo que requerirá un acuerdo político. Este modelo, similar al vigente en los países nórdicos, busca un equilibrio entre la universalización del sistema y su viabilidad, dado su alto coste: de unos 5.000 euros por persona y año cuando esté plenamente desarrollado.

Una parte del desembolso se recuperará en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social si se verifican las previsiones de creación de más de 20.000 empleos anuales en el sector asistencial. A mediados de la década pasada, cuando se estudiaban en Francia mecanismos para estimular el empleo juvenil, se tomó conciencia de la existencia de un vacío en el mercado de trabajo relacionado con ese tipo de asistencia personal. Desde entonces es una preocupación en los países más desarrollados, entre otras cosas porque la mayor esperanza de vida y el correlativo aumento de personas con enfermedades seniles ha multiplicado las necesidades de personal especializado. Existen estudios, por otra parte, que relacionan la inversión en servicios de protección familiar con la reducción del paro entre las mujeres: de un lado, porque son servicios que suelen ocupar mucha mano de obra femenina; de otro, porque la asunción de esas tareas por personal especializado permite regresar al mercado laboral a muchas mujeres que lo habían abandonado para atender a familiares ancianos o discapacitados.

El anteproyecto se presentará ahora a la consideración del Consejo Económico y Social y a la de la conferencia sectorial que agrupa a las comunidades autónomas. Los sindicatos han condicionado su apoyo a que se garantice la igualdad de prestaciones con independencia del territorio de residencia. Es de esperar que eventuales consideraciones competenciales no se conviertan en un obstáculo para el avance de la ley más importante de la legislatura.