El debate de la LOE

El debate de la Ley de Educación, dentro y fuera del Parlamento, con las espectaculares presiones del integrismo católico y de derechas en la calle, y las más eficaces en los pasillos y despachos; y con inexplicables o quizá inconfesables acuerdos y pactos de partidos y fuerzas sindicales consideradas de izquierdas y/o progresistas, ha dado como resultado la ley orgánica educativa más perjudicial para el sistema público de enseñanza en este país.

La ley supondrá un gran fraude al electorado del PSOE, IU, ERC o el Bloque, y el descrédito y la pérdida de credibilidad social de estos grupos parlamentarios. Todos estos partidos y en mayor medida el PSOE habían hecho del cambio sustancial de la Ley de Educación uno de los ejes fundamentales de sus programas electorales en marzo del año pasado; y una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue paralizar la LOCE, considerada retrógrada y altamente perjudicial.

No se puede argumentar que la catequesis religiosa no puede formar parte del currículum de una enseñanza científica e integradora, para terminar proponiendo y aprobando la Religión como una materia obligatoria con más horas que muchas otras, incluso en el último curso de Bachillerato que no se contemplaba en la LOCE; y encima consagrar como cuerpo de funcionarios a los miles de catequistas, grupo de presión ideológica por su propia naturaleza.

No se puede atacar hasta el insulto una LOCE privatizadora del sistema educativo para proponer y aprobar una mayor cantidad de conciertos con la enseñanza privada (el 80% centros de titularidad religiosa), no diferenciando entre ambas enseñanzas, y generalizando los conciertos a las enseñanzas no obligatorias, al mismo tiempo que se ofrece la Formación Profesional a todo tipo de entidades privadas.

No se pueden esgrimir cientos de argumentos pedagógicos y sociales rechazando el concepto de "calidad", los contenidos, las metodologías y los sistemas de evaluación de una LOCE, para presentar otra que sólo cambia pequeños matices sin mayor trascendencia.

No se puede esgrimir la bandera de la escuela pública, para todos y todas, responsabilidad del Estado, para terminar apoyando una ley orgánica cuyo articulado sienta las bases de un desarrollo normativo que lleva al desmantelamiento progresivo de la escuela pública y estatal.