Prisas y urgencias históricas

Nos hemos pasado casi dos años anunciando la necesidad y la urgencia de aprobar un nuevo Estatut. Un nuevo Estatut como instrumento útil para dar respuesta a los retos que hoy el país debe hacer frente: como las políticas de inmigración, la mejora y consolidación del Estado de bienestar o la posición de Catalunya en el marco político europeo. Un instrumento que será útil en la medida en que dispongamos de los recursos necesarios y de las infraestructuras que garanticen la competitividad de nuestra economía.

Un texto consensuado por el 90% del Parlament de Catalunya que no ha sido nada fácil y ha conllevado un laborioso proceso de negociación. Ahora, como si la política española se hubiera contagiado del frenesí consumidor propio de estas fechas, parece que debemos acordar un Estatut a toda prisa. Si bien un Estatut satisfactorio es urgente para el buen gobierno de Catalunya, un Estatut desnaturalizado es más bien prescindible.

Hay quien puede especular con el coste que supondría abortar un proceso que ha implicado tantos esfuerzos. Pero también deberían tener en cuenta que los catalanes no entenderían que todos estos esfuerzos terminaran con una gran farsa. Por eso es más importante que nunca recordar los principios básicos del que es el título más importante y controvertido: la financiación de la Generalitat.

En primer lugar, no podemos volver a caer en el error de 1979. La jerarquía normativa del Estatuto sobre la LOFCA en base a los principios de bilateralidad, proximidad y subsidiariedad debe ser manifiesta. Una bilateralidad que tiene que venir determinada por la relevancia de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que debe canalizar el conjunto de relaciones económicas y financieras entre las dos Administraciones y tener la potestad de definir y actualizar el modelo a través de acuerdos vinculantes.

Un modelo de financiación que comprenda el malogrado hecho diferencial catalán. No se piden privilegios, sino el reconocimiento y la corrección de una discriminación histórica e injustificada. Un hecho diferencial que se traduce en un esfuerzo fiscal suplementario -en impuestos y peajes no solamente viarios-, un déficit fiscal desorbitado que ya ha sido asumido por el mismísimo Instituto de Estudios Fiscales -aunque no interese publicitarlo- y una insuficiencia acumulada de inversión pública del Estado.

Por otro lado, dotarnos de una autonomía fiscal real. La Agencia Catalana o en aquella en la cual participe en su dirección, debe asumir la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya así como disponer de capacidad normativa efectiva.

A diferencia de negociaciones anteriores, la experiencia nos aconseja insistir en un cambio de modelo y no caer en un burdo regateo. Un modelo que sea capaz de introducir una mayor transparencia en la asignación de recursos. Determinando el porcentaje de impuestos cedidos atribuibles al Estado en función de la valoración de los servicios prestados y estableciendo criterios claros de redistribución territorial de recursos. Unos cambios que harían posible salir por vez primera en 23 años del "más de lo mismo".

Lo que pide Catalunya no son privilegios, es una cuestión de justicia. El modelo que plantea el nuevo Estatut es democrático y de inspiración federal y encaja en el espíritu constitucional. Por eso, cuando escuchamos desde la otra parte negociadora que cualquier cambio propuesto desde Catalunya, otra comunidad autónoma -la que sea- no lo puede aceptar, me pregunto hasta cuándo la sociedad catalana ha de ser la única altruista del Estado, hasta cuándo se nos quiere sólo para pagar y callar.

Josep Huguet i Biosca, dirigente de ERC, es consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña.