La Junta obligará a las empresas a tener un seguro para cubrir daños ambientales
La ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que la Junta de Andalucía prevé aprobar en próximas semanas, obligará, por primera vez en España, a que las empresas contraten un seguro que cubra el coste de cualquier impacto ambiental causado por su actividad. La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, señaló que esta norma evitará que la administración tenga que asumir el coste de los accidentes medioambientales, como ocurrió en 1998 con el vertido tóxico registrado en la mina de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). "Las empresas tendrán que tener un seguro de responsabilidad para que, en un hipotético accidente, asuman los gastos; nosotros podremos ser, en todo caso, subsidiariamente responsables, pero la primera línea la tiene que asumir la empresa", explicó en una entrevista a Efe.
Cuando esta ley entre en vigor, todas las empresas ubicadas en Andalucía deberán contar con una póliza de seguros que tase el grado de responsabilidad civil que pudiera derivarse de su actividad, atendiendo al tipo de actividad que desarrollan y a su eventual peligrosidad medioambiental. En caso de accidente o vertido incontrolado, esta póliza servirá para que las sociedades respondan ante cualquier eventualidad medioambiental.
La norma andaluza se anticipa a las directivas europeas y a la legislación de ámbito estatal que tendrá que elaborar el Gobierno.Además de este "cambio cualitativo fundamental", Coves destacó que la nueva ley agilizará la tramitación de los permisos medioambientales de las empresas y aseguró que en el proyecto de ley se han incorporado "muchísimas" alegaciones de las empresas.
La futura ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía regulará también otras cuestiones novedosas, como la adopción de medidas para evitar la contaminación lumínica, que ordenará la iluminación nocturna y la restringirá en espacios protegidos, como los parques nacionales de Doñana y de Sierra Nevada.
La consejera de Medio Ambiente consideró que la empresa andaluza ha asumido con normalidad los nuevos retos medioambientales, como demuestra, en su opinión, el hecho de que 200 se hayan adaptado "sin graves problemas" al Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de Gases Efecto Invernadero, derivado del Protocolo de Kioto. "Necesitamos hacer una revolución verde con las empresas", apostilló.
No obstante, la consejera recordó que las empresas sólo son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero y destacó "lo mucho que nos queda por hacer" para cambiar los hábitos medioambientales de los consumidores, en especial en el ámbito del transporte, que causa del 60% de las emisiones contaminantes restantes.
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