Zapatero advierte de que las correcciones de Solbes al Estatuto son irrenunciables
El presidente se muestra convencido de que al final habrá acuerdo sobre la reforma catalana
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó ayer la recepción anual en el Palacio de la Moncloa con motivo de las fiestas navideñas para pronunciarse sobre la marcha de las negociaciones del proyecto de Estatuto de Cataluña. Zapatero expresó su convicción de que al final habrá un acuerdo sobre el Estatuto y respaldó las líneas básicas de la enmienda introducida por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que desactiva el modelo de financiación recogido en el Estatuto. El presidente aseguró que los principios que defiende Solbes son "irrenunciables" para el Ejecutivo central.
Zapatero, en la conversación informal que mantuvo con los periodistas en la sede del Palacio del Gobierno, expresó su convicción de que habrá acuerdo sobre el Estatuto porque lo quiere la sociedad catalana y porque las fuerzas políticas catalanas deberán responder a ese deseo. "A día de hoy hay más posibilidades de que haya acuerdo que de lo contrario", precisó. El presidente del Gobierno recordó, no obstante, que el acuerdo debe pasar porque la administración central siga recaudando los tributos estatales en Cataluña y que no habrá cesión del impuesto de sociedades, como plantea la propuesta de reforma del Estatuto catalán.
El jefe del Ejecutivo restó importancia a los pronunciamientos críticos que ayer formularon los partidos catalanes a las contrapropuestas del Gobierno, tanto a la redacción general del proyecto de Estatuto como al modelo de financiación autonómica, conocidas el viernes y lunes. Zapatero argumentó que el texto del Estatuto de Cataluña se viene trabajando desde hace semanas entre las delegaciones del Gobierno y PSOE, que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba, y las de los partidos catalanes -CiU, ERC, ICV y el PSC-, y, por tanto, está "muy negociado".
Avance lento
Son decenas los contactos que ha habido entre el Gobierno y los partidos catalanes en las dos áreas de negociación, la política -en la que participan, junto a Rubalcaba, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla-, y el área económica, que aborda la financiación autonómica, con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "Se avanza, pero lentamente", se quejó ayer Rubalcaba.
Por ello, Zapatero fue relativamente flexible con la fecha de cierre del acuerdo, aunque le impuso un tope temporal. Mantuvo que su pretensión es que el próximo día 27 de diciembre, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de enmiendas al texto del Estatuto en el Congreso, se pacten las líneas generales del acuerdo y se delimiten los desacuerdos. El presidente admitió también que la negociación con los partidos catalanes, que terminará de precisar el texto, puede continuar en enero. En febrero se iniciará el debate del Estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno sigue de cerca la negociación del Estatuto, aunque no participa en las mesas negociadoras. Zapatero reveló ayer que acababa de mantener una conversación telefónica con el presidente de ERC, Josep Luis Carod Rovira, en torno al Estatuto. El presidente no descartó una participación directa en el final de la negociación, pero dejó esa decisión en manos del jefe de la delegación socialista, Pérez Rubalcaba.
Zapatero se pronunció públicamente a favor de la propuesta de financiación autonómica que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, entregó el pasado fin de semana a los partidos catalanes y que enmendaba las líneas básicas del proyecto de Estatuto en esa materia. Precisó que la Administración Tributaria del Estado seguirá recaudando impuestos en todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, y que la gestión y la capacidad normativa del Impuesto de Sociedades seguirá siendo estatal, tal y como señaló el texto de Solbes frente a la propuesta recogida en el proyecto de Estatuto que pretendía que fuera la comunidad autónoma la que recaudara todos los impuestos.
Zapatero precisó que el Gobierno, pese al rechazo de las líneas básicas del modelo de financiación del Estatuto catalán, concede a los partidos catalanes un margen de maniobra para negociar en cesión de impuestos, capacidad normativa, funcionamiento de la Agencia Tributaria y criterios de solidaridad entre comunidades.
El presidente recordó que hay autonomías, como Cataluña y Baleares, que siendo de las más desarrolladas tienen graves problemas de financiación. También explicó que la solidaridad no hay que ceñirla al modelo de financiación sino que se puede materializar a través de inversiones en investigación o infraestructuras.
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