El Gobierno insta a lograr un pacto sobre el Estatuto antes del día 30 o a retirarlo

El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo de principios sobre el contenido del Estatuto catalán antes del 30 de diciembre. Y presiona a los partidos catalanes que apoyan la reforma reclamándoles que, de no lograrse este pacto, retiren el proyecto de las Cortes. Pero las formaciones políticas consideraron ayer que en el actual estado de las negociaciones un compromiso de este tipo equivaldría a dar por seguro el futuro acuerdo, y sería "un acto de fe que no podemos hacer", en expresión del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao. Ésta es también la posición de Convergència i Unió (CiU) y de Iniciativa per Catalunya (ICV).

La demanda la formularon el pasado lunes los representantes del Ejecutivo y del PSOE a los partidos catalanes con los que se reunieron en Madrid por separado en la primera ronda formal de negociaciones sobre la reforma estatutaria. La delegación del Ejecutivo estaba integrada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño; el de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pasqual Maragall sugiere que CiU podría salir beneficiada si el proyecto no prospera

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Artur Mas: "La propuesta del Gobierno sobre financiación no puede ser peor"

Maragall llama a la tranquilidad y dice que "hay gente que no quiere el Estatuto"

Representantes catalanes en esas negociaciones confirmaron a este periódico que, en un momento de la reunión, el Gobierno transmitió la voluntad de cerrar un acuerdo marco sobre el Estatuto antes del 30 de diciembre, tres días después de que finalice el plazo de presentación de enmiendas. Si ese pacto aparece a todas luces imposible, el Ejecutivo pediría a los partidos que lo retirasen de su tramitación en las Cortes.

En principio, para satisfacer esta demanda sólo se necesita la mayoría absoluta del Parlamento catalán, ya que Esquerra y CiU lo impondrán hoy cuando se apruebe en pleno el nuevo reglamento de la Cámara. No obstante, a finales de septiembre los cuatro partidos se comprometieron ante el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a que la retirada se produjera, si llegara el caso, con la aquiescencia de todos ellos. Pacto que ahora CiU considera roto, aunque ERC verbalmente lo mantiene.

La voluntad del Gobierno -así lo comunicó también el lunes- es escenificar un pacto mediante una reunión con el cuatripartito catalán antes de la fecha límite de finales de diciembre. Una reunión que culminaría las negociaciones bilaterales que se han llevado a cabo durante los dos últimos meses.

Convergència se mostraba muy reacia a compartir las negociaciones con el resto de los partidos catalanes, en contra del criterio de Josep Antoni Duran Lleida, su socio electoral democristiano. Pero ayer Artur Mas aceptó la propuesta, una vez conocidas con exactitud las posiciones del PSOE sobre la reforma estatutaria. No obstante, dudó de la utilidad de este encuentro, ya que, en su opinión, "no se puede hablar de unidad y firmeza" catalana si el PSC sigue sin poder actuar de "manera independiente" del PSOE.

La publicación ayer por EL PAIS de la alternativa presentada por el Gobierno al proyecto de Estatuto dio pie a que los partidos catalanes se pronunciaran de forma concreta sobre el estado de las negociaciones y sus perspectivas inmediatas. El líder de CiU, Artur Mas, explicó que en las actuales condiciones "es material y físicamente imposible" un acuerdo para el 27 o el 30 de diciembre.

Mas señaló que la dificultad estriba en el apartado de la financiación, del que dijo que la propuesta del Gobierno "no puede ser peor" y que "no hay por dónde cogerla". Mas dijo también que el resto de la alternativa del Gobierno "es más comestible" y si se produjera el acuerdo sobre financiación sería sin duda posible resolver los problemas que presenta.

Joan Boada, portavoz de Iniciativa Verds, resumió así el estado de las negociaciones: "Es positivo el balance en los capítulos que tratan sobre las instituciones catalanas y sobre derechos y deberes sociales. Se ha avanzado mucho en el capítulo relativo a la Justicia; hay elementos preocupantes" en el capítulo sobre competencias, por la pretensión del Gobierno de limitar el número y el alcance de las competencias exclusivas de la Generalitat, aunque es "positivo" que el Gobierno acepte el planteamiento general de este título del Estatuto. En cambio, sostuvo que sigue siendo "inaceptable" el capítulo de la financiación. "No aceptamos el ultimátum sobre el 27 o el 30 de diciembre", afirmó, porque no hay tiempo material para resolver en estos pocos días lo que al Gobierno le ha costado meses presentar.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pidió ayer "tranquilidad" en torno a las negociaciones en curso y se mostró convencido de que "las cosas irán como tienen que ir" a pesar de que "hay gente que no quiere el Estatuto". CiU, precisó, expresa "una doble alma, un querer y no querer", porque hay quien piensa que un fracaso le iría bien electoralmente. Y en Madrid, añadió, también hay gente interesada en que no haya Estatuto, "aunque no les daremos estas alegrías". Mas le replicó que no se "meta" en las negociaciones porque podría "perjudicarlas".