Los familiares que cuiden a un mayor dependiente podrán cobrar un sueldo

Un paso adelante para la creación de un sistema nacional de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas (dependientes). El Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron ayer un principio de acuerdo para la creación del Sistema Nacional de Dependencia, el "cuarto pilar del Estado del Bienestar", según el Gobierno. Se establece el derecho de las personas dependientes a recibir asistencia, sufragada por la Administración Central, las autonómicas y, también, mediante la aportación de los beneficiarios "en función de su capacidad económica personal". El texto deben ratificarlo la dirección de la patronal y los sindicatos. El acuerdo, al que tuvo acceso EL PAÍS, apuesta por ofrecer servicios de atención públicos o concertados. También abre la posibilidad de conceder una prestación económica directa a la persona dependiente que deba recurrir a los servicios privados. Igualmente se prevé que los cuidadores familiares puedan recibir una compensación dineraria por su tarea y darse de alta en la Seguridad Social.

Cuando el afectado carezca de atención pública recibirá una ayuda para pagar la privada

El Sistema Nacional de Dependencia arrancará en 2007 y estará completo en 2015

El Gobierno y los agentes sociales pactan un sistema de atención a las personas dependientes

Este acuerdo se enmarca en la la futura ley de autonomía personal, que el Gobierno prevé aprobar como anteproyecto el próximo viernes. La columna vertebral de esa norma será la creación del Sistema Nacional de Dependencia. Según los cálculos del Gobierno, 1.350.000 personas (sobre todo de edad elevada, aunque se prevé establecer el derecho a la atención a los dependientes a partir de la edad de tres años) podrían beneficiarse del futuro sistema.

- Prestación pública y universal. El Sistema Nacional de Dependencia tendrá entre otros principios el carácter universal y público de las prestaciones, a las que se accederá en condiciones de igualdad. La distribución territorial de los recursos deberá ser equitativa, según el texto del acuerdo.

- Atención pública y privada. La prestación de servicios se hará de forma prioritaria a través de la oferta de servicios públicos o concertados (privados con financiación pública). Cuando ello no sea posible, se concederá a la persona dependiente una prestación económica "suficiente" para que reciba atención privada.

- Sueldo y Seguridad Social para los cuidadores familiares. Dado que se apuesta por mantener a las personas en su entorno habitual cuando sea posible, se prevé que el ciudadano dependiente pueda recibir los cuidados en su ámbito familiar. El pariente cuidador percibirá una compensación económica (variable según el grado de ayuda que precise la persona dependiente y la capacidad económica que tenga) y una formación adecuada para su tarea. Según el acuerdo, se regulará la incorporación de los cuidadores al régimen de la Seguridad Social que se determine. La cotización empresarial correrá a cargo del Sistema Nacional de Dependencia.

- El 1% del PIB. Los servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia serán financiados por las administraciones públicas, que se "complementarán con las aportaciones de los beneficiarios", según el acuerdo. Está previsto que la Administración Central (a través de los Presupuestos Generales del Estado durante el proceso de implantación) y las comunidades autónomas se repartan la aportación pública al 50%. Los fondos que aporte la primera se destinarán a incrementar la red de servicios públicos y los conciertos con las empresas privadas de atención. Se calcula que el coste anual del Sistema Nacional de Dependencia equivalga al 1% de la riqueza nacional (PIB), más de 8.500 millones de euros al año, según la estimación que maneja el Gobierno.

- "Equidad" en toda España. La futura ley de autonomía personal, de carácter básico, establecerá los requisitos de acceso a los servicios y prestaciones "en condiciones de equidad en todo el territorio". Con ello se pretende que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, sin desigualdades entre las comunidades autónomas, competentes en esta materia.

- En marcha en 2007. El acuerdo alcanzado ayer prevé que comience a implantarse el Sistema Nacional de Dependencia en 2007 (tras la aprobación de la ley ad hoc). La puesta en marcha, gradual, se prolongará hasta 2015. Las personas con mayor grado de dependencia serán las primeras en ser atendidas.