Autobombo gratis

La publicidad institucional sólo tiene sentido como información. Los Gobiernos tienden a utilizarla como propaganda por la vía del autobombo; es decir, gastan dinero público para explicar al ciudadano que han hecho lo que tenían obligación de hacer: cumplir algún aspecto de su programa. Y, además, en muchos casos lo que se publicita es una verdad a medias o una mentira completa. El Gobierno socialista ha pretendido regular estas prácticas. El PP, aliado en este caso al PNV, se ha opuesto e intenta bloquearlo: quiere que las comunidades autónomas queden al margen de las limitaciones que la propuesta contiene. Y argumenta que de lo contrario se está limitando el poder autonómico. Curioso doble lenguaje: cuando se trata de programar la enseñanza, quiere que todas las comunidades compartan una misma asignatura de educación nacional, y si el Gobierno no lo hace, la impone en las comunidades donde gobierna. En cambio, limitar los abusos en publicidad institucional es violar la independencia de la autonomía. A eso se le llama autonomismo de geometría variable.

La realidad es mucho más simple: el PP tiene ahora su fuerza en el poder autonómico y no quiere renunciar un milímetro a los recursos de autopublicidad que éste le da. Todo suma en la batalla para regresar al poder. El partido de la denuncia implacable del despilfarro no tiene inconveniente en gastar dinero público para hacerse propaganda. La campaña de Esperanza Aguirre sobre el cumplimiento -contestado por la oposición- de su promesa de acabar con las listas de espera de la sanidad en la Comunidad de Madrid es un llamativo ejemplo de dispendio y manipulación publicitaria institucional. Pero la lista es larga y transversal, sin distinción de ideologías y lugares. Aunque parece que Manuel Fraga en la Junta gallega se llevó la palma, el PNV no se queda corto, con sus campañas sobre el plan Ibarretxe.

La publicidad institucional es necesaria para dar informaciones de utilidad práctica para el ciudadano. Pero la propaganda sufragada por fondos públicos constituye un fraude que la ley debe combatir. Aunque de poco servirá si no va acompañada de una verdadera voluntad de respetarla: la diferenciación entre información y propaganda no siempre es nítida, y todos tratarán de hacer pasar por noticia imprescindible para el ciudadano lo que es puro autobombo.