Fábricas de ciudadanos

Un país tiene lo que produce. Si necesita algo, debe fabricarlo. En estos treinta años de transición y democracia establecida, ¿qué ciudadanía hemos creado?, ¿cuál es el nivel de participación socio-política de los jóvenes españoles?, ¿en qué valores están siendo socializados?, ¿qué educación moral reciben los niños y adolescentes?

Diversos estudios sociológicos nos muestran la existencia de adolescentes y jóvenes que tienen actitudes y prácticas propias de una ciudadanía activa. Constituyen, sin embargo, una minoría frente a una mayoría apolítica e individualista. En los últimos años ha disminuido el asociacionismo juvenil.

Hemos construido democracia política, carecemos de democracia económica y todavía tenemos pendiente la tarea de tejer una moral colectiva basada en la práctica de virtudes públicas. Si queremos una sociedad en la que crezcan la libertad, la igualdad y la fraternidad, debemos dar prioridad a la educación moral y cívica de los españoles. Los valores tienen que ser transmitidos, las virtudes han de ser enseñadas, los comportamientos solidarios deben ser impulsados a través de una pedagogía del compromiso cívico. Necesitamos, pues, fábricas de ciudadanía.

Los valores tienen que ser transmitidos y las virtudes han de ser enseñadas

El análisis de la LOE debe insertarse en este horizonte. Todos deseamos una enseñanza de calidad, reducir el fracaso escolar, fortalecer el conocimiento de las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales y sociales, etcétera. Sin embargo, la enseñanza de las diversas asignaturas debe estar conectada con un objetivo superior: la educación integral de los estudiantes en su dimensión psíquica, afectiva, moral y cívica. Toda enseñanza sin educación, basada en una tecnocracia de la didáctica, por mucho éxito escolar que consiga, fracasa si no logra formar ciudadanos morales y activistas sociales. Desde esta perspectiva, me alegra que se haya introducido a través de la LOE la Educación para la Ciudadanía como nueva asignatura superando las presiones que desde la derecha y la izquierda se oponían a la misma. No se pretende infundir una ideología estatal en los alumnos, sino crear un ámbito específico para socializar en los valores morales de nuestro orden constitucional, analizar los problemas sociales de nuestro tiempo y motivar la participación en la defensa de los derechos humanos mediante una ética de la responsabilidad y de los deberes de la ciudadanía activa.

¿Basta con una asignatura específica para formar ciudadanos? Creo que no. Es mucho lo que desde ella se puede conseguir si se establecen unos contenidos y una metodología adecuada. Si no se acierta en esto porque un grupo de presión impone y acota unos contenidos, excluyendo otros, perderemos una ocasión histórica. Por eso, es muy importante que el Ministerio abra ahora un proceso participativo en el que puedan intervenir diversos colectivos en el diseño curricular. No obstante, en el mejor de los casos, el impacto será muy reducido si los centros no establecen un plan integral de formación y acción para la ciudadanía que asegure la presencia de esta temática en todas las asignaturas. Todos los libros de texto deberían ser evaluados por especialistas en educación para la ciudadanía y ser reelaborados desde ella. Las editoriales tienen una gran responsabilidad y afortunadamente alguna está sometiendo sus libros a análisis de expertos en educación en derechos humanos, medio ambiente, solidaridad internacional, interculturalidad e inmigración, etcétera.

¿Son los centros escolares las únicas fábricas que deben producir ciudadanos? En modo alguno. Con bastante cinismo tendemos a desplazar a los centros de enseñanza las responsabilidades que deben asumir otras instituciones. Estos centros no pueden resolver los problemas causados por la irresponsabilidad de los padres, la mercantilización de los medios de comunicación social, el despotismo empresarial, la incapacidad socializadora de iglesias y partidos, la carencia de políticas educativas extraescolares de los ayuntamientos, el débil asociacionismo infantil y juvenil, la alienación creada por la industria del tiempo libre. Si no creamos una red educativa de todas las organizaciones que intervienen en la formación de las personas, lo que haga el mejor centro escolar contracultural será destruido o, al menos, diluido por una organización societal que lo que quiere es individuos hiperproductivos e hiperconsumidores, pero no ciudadanos morales, ilustrados, críticos y participativos.

Del mismo modo que el Estado de Derecho y el constitucionalismo moderno se basan en un contrato social, nuestra sociedad civil debería cimentarse en un contrato ético y educativo para crear la ciudadanía nacional y global que España necesita. Sería una especie de convenio colectivo asumido por las asociaciones que han de crear civismo. En primer lugar, habría que instaurar un contrato entre las familias y los centros de enseñanza basado en un acuerdo sobre deberes educativos compartidos, lo cual requeriría un nuevo tipo de tutorías. En segundo lugar, se tendría que establecer un contrato entre los centros de enseñanza, los movimientos sociales y las ONG para introducir en los ámbitos escolares la iniciación al activismo social.

Existen otras fábricas de ciudadanía que son imprescindibles. Necesitamos que los medios de comunicación, especialmente la televisión, tengan una regulación educativa y un código ético. Hace falta también cambiar la organización del tiempo de trabajo para que los padres tengan más posibilidades para educar a sus hijos; para ello se requiere innovación en las propuestas sindicales, política netamente socialista en el ámbito económico-laboral y responsabilidad moral de los empresarios con el fin de crear nuevas formas de conciliación del tiempo de trabajo y del tiempo de educación familiar. Las organizaciones de padres, ayuntamientos y asociaciones juveniles deben impulsar nuevas formas de uso del tiempo libre y enfrentarse a todo un entramado de explotación comercial de adolescentes y jóvenes que los embrutece y aliena. Tenemos que impulsar la existencia de comunidades religiosas, organizaciones culturales y asociaciones infantiles y juveniles que tengan como objetivo la educación ético-política.

La ciudadanía no surge de la nada, es el fruto que nace de un cultivo. Si no nos implicamos todos en esta tarea, dejemos a los profesores ser nada más y nada menos que trabajadores de la enseñanza. Bastante tienen con sobrevivir en el aula con los individuos que padres, medios de comunicación e instituciones les fabricamos.

Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología en la Universidad Complutense