Sanidad espera ahorrar 1.000 millones con la nueva Ley del Medicamento

El Ministerio de Sanidad espera ahorrar 1.000 millones de euros en un año con la nueva Ley del Medicamento que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Los objetivos de la norma, que ahora pasa a tramitación parlamentaria, son generalizar la prescripción de genéricos, restablecer los precios de referencia (el máximo subvencionado por el Estado) y fomentar el buen uso de los medicamentos, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La patronal Farmaindustria y los farmacéuticos reiteraron su rechazo al proyecto, y el PP la calificó como "una ley del siglo pasado".

El gasto público en medicamentos (9.500 millones de euros el año pasado) acapara el 25% del presupuesto sanitario español, un porcentaje que el Gobierno considera excesivo. Para reducir esta carga, se potenciará que los medicamentos genéricos, que actualmente alcanzan sólo 7,5% del mercado (en Alemania superan el 40%) , adquieran un peso relevante. Para conseguir sus objetivos, el proyecto de Ley de Garantías y Uso racional de los Medicamentos establece:

- Genéricos y precio de referencia.Para lograr esta reducción en el gasto de medicamentos, todos los fármacos con el mismo principio activo que tengan un genérico, formarán parte de un conjunto para el que se calculará, con la media de los tres más baratos, el "precio de referencia". Si la rebaja supera el 30%, ésta se aplicará gradualmente.

Tras la expiración de la patente, después de 10 años, los medicamentos reducirán su precio en un 20%, pero sólo en caso de que tengan un genérico en la Unión Europea. Además se establece la denominada cláusula Bolar, que permite a los fabricantes de genéricos solicitar los permisos y preparar la producción dos años antes de que se agote la patente. De este modo, "al siguiente día que expire la patente puede estar a la venta el genérico", dijo la ministra de Sanidad, Elena Salgado.

- 35% menos por investigación. "Aquellas empresas que desarrollen actividades de investigación podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 35% en sus aportaciones" aseguró Salgado. El incentivo será para quienes realicen asociaciones temporales destinadas a la investigación con otras empresas establecidas en España y con centros de I+D públicos y privados.

- No a los intereses comerciales. Habrá un sistema de información sobre medicamentos a médicos "independiente de los laboratorios, basado en la objetividad, la transparencia y la rápida disponibilidad", asegura Sanidad. La mayoría de los datos que los médicos reciben ahora sobre los fármacos proviene de los laboratorios fabricantes y a menudo forma parte de su promoción. La ley garantizaría que se recetara un medicamento sólo por intereses comerciales.

El secretario de Política Social y Bienestar del PP, Julio Sánchez Fierro, aseguró que el proyecto de ley parece "más una ley del siglo pasado que del siglo XXI", y puso en duda de que se haya respetado el dictamen del Consejo de Estado. Sánchez Fierro dijo que el 20% de ahorro en los medicamentos con más de 10 años en el mercado no es suficiente, y que, con el Gobierno del PP se podía llegar a rebajas hasta del 65%.

La industria farmacéutica reiteró su rechazo al proyecto de ley y estimó que, de ser aprobado tal cual, estas medidas provocarán pérdidas de 1.100 millones de euros el primer año y la destrucción de unos 2.500 empleos en el sector. Farmaindustria aseguró que "presenta un desequilibrio desproporcionado entre la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo industrial" y que refleja poca sensibilidad a la competitividad industrial.

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos afirmó que "no tiene sentido que el proyecto limite al farmacéutico la sustitución entre medicamentos iguales por motivos sanitarios y a la vez le obligue a sustituir los mismos por razones económicas". La entidad aseguró que defenderá la legalidad de los descuentos de los laboratorios a las farmacias ya que se trata de una "práctica legal y transparente, que cotiza a Hacienda y no está prohibida por la Directiva Europea".