El apagón canario

La tormenta tropical Delta ha dejado en evidencia la escasa eficiencia de la red eléctrica en Canarias. Por muy feroz que haya sido el embate del viento, con ráfagas superiores a los 200 kilómetros por hora, es difícil de entender que una cuarta parte de la población de Tenerife haya permanecido cuatro días sin luz. La compañía suministradora, Unelco-Endesa, que ayer por la tarde aseguró haber restablecido la casi totalidad del servicio, está obligada a dar más explicaciones de las aportadas hasta ahora y así tendrá que hacerlo tras la apertura de un expediente por el Gobierno autónomo.

El Ejecutivo central aprobó ayer medidas para ayudar a los afectados, que incluyen indemnizaciones a los agricultores y subvenciones de hasta un 50% para reparar las infraestructuras públicas dañadas. Muy probablemente resultarán insuficientes si se confirman los peores presagios de que las pérdidas superan los 300 millones de euros. De momento, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha viajado al archipiélago a fin de evaluar de primera mano las consecuencias y determinar las ayudas necesarias para superar la catástrofe.

Están aún muy recientes en la memoria los devastadores efectos del huracán Katrina y la perplejidad que suscitó la tardía reacción del Gobierno de la primera potencia mundial y la pésima cooperación con las autoridades de los Estados afectados. Más aún, cuando los servicios de alerta anunciaron la llegada de la feroz tormenta. En el caso de Delta habría que preguntarse por qué no funcionaron mejor las previsiones meteorológicas y las autoridades locales no previnieron con mayor celeridad y eficacia las medidas de prevención. Al margen de ello, lo que sí ha quedado patente es que sería oportuno revisar la norma por la que Unelco, la filial de Endesa, abastece el servicio eléctrico en el archipiélago en régimen de monopolio. La visión de algunas torretas de alta tensión derribadas como plastilina no es precisamente alentadora.

Resulta muy arriesgado que una sola compañía controle la generación, la distribución y el transporte de energía. Más aún cuando al actual suministrador se le culpa de no haber invertido demasiado en infraestructuras. Podía haberlo pensado el PP cuando gobernó, pero también el PSOE ahora que está en el poder. Extraer enseñanzas del desastre y apartar las querellas partidistas supondría haber aprendido la lección. Quizá eso sea demasiado pedir tal como bajan de revueltas las aguas de la política hoy en España.