Los editores independientes reclaman el precio único del libro

"Es fundamental que sean aprobadas en los países leyes que protejan el libro, que luchen contra la piratería y la reproducción no autorizada y aseguren la promoción de la lectura". La frase pertenece a la Declaración de los editores independientes del mundo latino, que ayer se hizo pública en Guadalajara y con la que se cerraron tres jornadas de un encuentro en el que se reunieron 70 editores de 23 países de África, América y Europa.

"Los editores independientes han padecido intensamente los efectos de la globalización económica que favorece la concentración financiera de este sector, dominado hoy por grandes grupos editoriales", se explica en la Declaración. La lógica financiera de un mundo en el que reina el mercado termina por convertir al libro en un producto mercantil más, obviando su dimensión profundamente cultural. Así que "la bibliodiversidad corre peligro".

Ése es el punto de arranque de las preocupaciones de los editores independientes, pero lo llamativo en esta ocasión, y que se destaca también en la Declaración, es su voluntad de superar la llamada cultura de la queja. "Rechazamos cualquier fatalismo y deseamos comprometernos en acciones transformadoras", afirman.

Solidaridad

"Agruparnos en asociaciones y colectivos que nos permitan defender mejor nuestros derechos" y exigir "una política del libro respetuosa de nuestra actividad y de nuestras especificidades" son sus dos grandes líneas de actuación. Pero la cuestión práctica está muy clara: los gobiernos deben "establecer el precio único del libro". Y es que consideran que su futuro "está estrechamente vinculado con el de los libreros independientes". Si no hay solidaridad entre los actores del mundo del libro, las posibilidades de defenderlo como bien cultural son cada vez menores.

La Declaración propone también otras iniciativas: comprometerse "en acciones de promoción de la lectura", "promover acuerdos comerciales solidarios", "respetar una ética común" ("deseamos poner en tela de juicio cierta sobreproducción que beneficia sobre todo a los principales difusores y distribuidores") y "favorecer y acompañar el surgimiento de industrias culturales locales". Insisten además en unir sus esfuerzos para conseguir que se ratifique en todos los países lo más pronto posible la Convención sobre la protección de los contenidos culturales y de las expresiones artísticas, que la Unesco adoptó en octubre.

Las editoriales españolas que firman la Declaración son Popular, Anagrama, Turner, Tusquets, Polifemo, Trotta, Lengua de Trapo, Minúscula, Silex, Castalia, Páginas de Espuma, Pre-Textos, Ediciones de la Torre, Sirius y Thule Ediciones.